La Provincia garantiza salarios y estabilidad laboral de los porturarios

En un escenario de fuerte tensión institucional, el Gobierno Provincial firmó un acta acuerdo con los principales gremios estatales y portuarios para garantizar la continuidad laboral, el pago de salarios y los derechos del personal de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), en el marco de la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) sobre el Puerto de Ushuaia.

El acuerdo, rubricado ayer 10 de febrero de 2026 en Ushuaia, reúne a la Provincia, representada por la vicegobernadora Mónica Urquiza, con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación del Personal Directivo Ferroportuario Argentino y el Sindicato Único de Administración Portuaria (SUAP), además de la propia Dirección Provincial de Puertos.

El trasfondo del conflicto se origina en la Resolución ANPYN N.º 04/2026, que dispuso la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por doce meses, la intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria y la prohibición de ingreso a las instalaciones para parte del personal provincial. La medida tuvo efectos inmediatos desde el 21 de enero, cuando trabajadores fueron impedidos de acceder a sus puestos pese a encontrarse en plena disponibilidad laboral, situación que quedó documentada en actas notariales oficiales.

Frente a ese cuadro, la Provincia cuestionó la legalidad de la intervención nacional tanto en sede administrativa como judicial, denunciando la configuración de una vía de hecho y la vulneración de garantías básicas del procedimiento administrativo. No obstante, mientras esas acciones continúan en trámite, el acta acuerdo apunta a contener los efectos sociales y laborales del conflicto, evitando que sus consecuencias recaigan sobre los trabajadores.

El texto del acuerdo establece la continuidad y plena vigencia del vínculo laboral exclusivamente respecto del personal de la Dirección Provincial de Puertos que no presta servicios para la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Quedan expresamente excluidos de estas garantías aquellos trabajadores que, al momento de dictarse la Resolución ANPYN N.º 04/2026, se encuentran prestando funciones bajo la órbita del organismo nacional, conforme surge de los anexos que acompañan la medida de intervención, como de aquellos que hayan sido incorporados a posteriori por el organismo nacional.

En ese marco, la Provincia asume el compromiso de afrontar las erogaciones salariales del personal alcanzado por el acuerdo durante todo el período que dure la situación excepcional, garantizando seguridad económica y jurídica, aun cuando existan impedimentos materiales para la prestación efectiva de tareas derivados de decisiones adoptadas por la autoridad nacional.

El acta deja expresamente asentado que la falta de prestación efectiva de tareas, cuando sea consecuencia de órdenes, instrucciones o disposiciones emanadas de la intervención, no podrá ser considerada abandono de servicio, incumplimiento funcional ni causal disciplinaria. Asimismo, se garantiza el pleno resguardo del derecho a la ocupación efectiva, quedando vedada cualquier forma de marginación funcional, vaciamiento de tareas o alteración arbitraria de funciones.

Otro punto central del acuerdo es la exención de responsabilidad patrimonial del personal provincial no alcanzado por la intervención respecto de bienes muebles, inmuebles, equipamientos e instalaciones portuarias. Durante el período de intervención, toda responsabilidad administrativa, contable o patrimonial recaerá exclusivamente sobre las autoridades a cargo de la ANPyN, disponiéndose además la inmediata desafectación de cualquier carga patrimonial individual que pudiera pesar sobre los trabajadores.

La vigencia del acta acuerdo se fija con efecto retroactivo al 21 de enero de 2026 y se extenderá hasta la normalización institucional de la administración portuaria. Las partes ratificaron, además, su voluntad de preservar la paz social, garantizar el diálogo institucional y canalizar cualquier controversia por las vías administrativas y judiciales correspondientes.