“Necesitamos que la ley se cumpla y que se abone la deuda”, sostuvo Gatti

Alfredo Gatti, policía territorial retirado e integrante del acampe instalado frente a la Unidad Regional Norte en Río Grande, detalló el crítico escenario que atraviesa el sector tras superar un mes de protesta ininterrumpida. Ante la falta de respuesta de las autoridades del Poder Ejecutivo y de la Caja previsional policial, el vocero denunció un severo impacto en la salud de los pasivos por deficiencias en la obra social nacional, un desfasaje salarial superior al 50% respecto de la Policía Federal y el incumplimiento sostenido de las leyes aprobadas por la Legislatura.
Provinciales13/10/2026Radio FM AmistadRadio FM Amistad

Al ser indagado sobre el estado de la protesta y la respuesta de las autoridades tras haber superado el primer mes de permanencia frente a la sede policial en Río Grande, Alfredo Gatti precisó la continuidad de la medida de fuerza y en declaraciones al programa “Desde las Bases”, por Radio Provincia, indicó: “Ya va un mes que estamos, ya superamos los treinta días de campamento ininterrumpido, y lo vamos a mantener hasta que llegue la solución, por supuesto”. Asimismo, respecto del acercamiento de funcionarios provinciales o de la Caja de previsión, ratificó la ausencia de canales de comunicación oficial afirmando: “De parte del Poder Ejecutivo no tenemos ningún tipo de diálogo, de parte de las autoridades de la Caja tampoco. Como ustedes sabrán, porque lo hemos manifestado muchas veces, siempre estuvimos abiertos al diálogo, independientemente de todos los reclamos judiciales que estamos llevando adelante, pero hasta el día de la fecha, en los dieciséis meses que venimos reclamando, no tenemos nada oficial todavía”.
Ante la consulta sobre las dramáticas consecuencias sociales y sanitarias que genera la drástica reducción de ingresos en las familias policiales, el referente visibilizó la complejidad del sistema de salud al que pertenecen y remarcó: “No tenemos nada todavía, y hay que agregarle que hace un tiempo largo nosotros, como ya pasamos a una situación de retiro, los territoriales dependemos de una obra social nacional. Hace mucho tiempo que está cortada, y esto vino a agravar mucho más la situación, teniendo en cuenta que hay personas grandes, mayores, muchos padecemos enfermedades crónicas y otros tipos de enfermedades que son más graves, y cuesta todo porque no podemos acceder a la medicación ni al tratamiento”.
Al detallar la modalidad operativa de dicha prestación y la imposibilidad de contar con la cobertura provincial de OSEF, señaló: “Esta obra social nacional está cortada casi en toda la Patagonia. Es un problema que no solamente nos afecta a esta provincia sino a todas las provincias del sur. No tenemos atención personalizada, nos manejamos con una aplicación, y cuesta mucho llegar a los tratamientos. Es increíble cómo acá en la Isla se han cortado por falta de convenio de la obra social con las prestadoras. Ahora se están reactivando algunos convenios, pero todavía se está muy lejos de poder tener una asistencia plena ante las necesidades que plantea cada afiliado. Al momento que nos retiramos, todos los que dependemos del sistema nacional pasamos por ley a esta obra social nacional, y después de tantos años de aportes que hemos hecho a OSEF, no está clara la cobertura”. En ese sentido, vinculó directamente el recorte de haberes con la imposibilidad de afrontar tratamientos médicos manifestando: “Se pone difícil la situación, y con el corte de la parte del haber compensatorio, se vino a agravar mucho más la situación, porque antes por lo menos podíamos acceder a los remedios por cuenta propia, y ahora la situación se ha visto más complicada”.
Requerido sobre las actuaciones del Poder Legislativo y la falta de aplicación de las normas sancionadas para destrabar el conflicto, Gatti expuso la inacción del Gobierno provincial expresando: “La Legislatura, ante la situación que hemos planteado y venimos planteando hace mucho tiempo, pudo sancionar dos leyes, que eran la 1627 y la 1628, las cuales lamentablemente desde que se promulgaron a la fecha el Gobierno no las cumple, y vemos que existe la falta de voluntad política. Necesitábamos que la Legislatura actuara en consecuencia; pudo entender la situación, intentó destrabar este conflicto a nivel político, pero después de haber sancionado las leyes, al no cumplirse, estamos en una situación compleja”. En cuanto a los efectos concretos que tendría el cumplimiento de dicho marco normativo, aclaró: “De aplicarse esta ley deberíamos haber empezado a cobrar el haber como corresponde, y además solucionar el tema de la deuda que se ha generado en todo este tiempo”.
Preguntado sobre la relación con los efectivos que prestan servicios en la actualidad y la convivencia durante la manifestación frente a la dependencia, desmintió cualquier tipo de tensión interna y aseveró: “El personal de la actividad es lo mejor, siempre. Acá han querido inventar una brecha que no existe. El personal en actividad cumple sus servicios, no hay ningún problema con nosotros. Nosotros estamos haciendo esta manifestación pacífica, no afectamos el libre tránsito de la gente, lo único que hacemos es visibilizar nuestra situación”.
Sobre la preocupación compartida en el seno de la fuerza por el haber retributivo, agregó: “Yo creo que hay una preocupación por parte del personal de la actividad, porque justamente lo que está acá en peligro es la continuidad y el futuro de la Caja, y ni hablar de los salarios que están percibiendo, que están bastante lejos de las necesidades, y eso es por falta de cumplimiento de la ley. El artículo 79 de la Ley Orgánica de la Policía establece que todo personal policial territorial o provincial debería estar equiparado con la Policía Federal Argentina más el cien por ciento de la zona. Esto, al no cumplirse, afecta directamente al bolsillo de cada uno de los policías de la actividad y de los retirados”.
Cuestionado acerca de la magnitud del desfasaje salarial existente entre las fuerzas federales y la policía local, precisó la brecha y el estado de las demandas judiciales advirtiendo: “Yo creo que está más o menos entre el cincuenta y el sesenta por ciento. Esto es por falta de cumplimiento de la ley. La ley se promulgó en el año 2007 y hasta la fecha no se cumple con la equiparación, independientemente de que la gran mayoría ha hecho todas las acciones judiciales correspondientes. Se sigue toda una vía judicial, que es lo contencioso administrativo que dura muchos años”, afirmó.
Al evaluar si la institución se encuentra en una de las crisis salariales más severas de los últimos tiempos frente al elevado costo de vida en la región, el entrevistado fundamentó: “Sí, por supuesto. Esta es una provincia que tiene un alto costo, y por supuesto que al no alcanzar a cubrir los gastos mínimos se complica la existencia de cualquier persona en esta provincia. La Policía, lamentablemente, tiene un salario muy bajo, y si a esto le agregamos que no se cumple con la ley, la situación se empeora”.
Por último, consultado sobre las condiciones requeridas para levantar la medida de fuerza y la predisposición a entablar instancias de negociación, concluyó: “Como le repito, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, hasta que nosotros pedimos y decidimos que la ley se cumpla. Estamos dispuestos a levantar este acampe el día que veamos reflejado en nuestros haberes el pago de inmediato y la deuda que han contraído todo este tiempo con nosotros”.

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