Radio FM Amistad
El convenio fue rubricado el pasado martes 20 de octubre por el gobernador Gustavo Melella y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), al que la Provincia había solicitado adherir el 16 de diciembre de 2024.
El Decreto 1894/26, que ratifica el acuerdo, ingresó ayer, lunes 2 de noviembre, a la Legislatura para su aprobación. Podría tratarse en la sesión de hoy, martes 3. Si a los tres votos de FORJA, los tres del PJ y el de Sumemos Tolhuin se sumaran los dos de La Libertad Avanza, reuniría nueve apoyos y resultaría aprobado. El respaldo libertario aparece como una posibilidad por tratarse de un acuerdo con el Gobierno de Javier Milei.
Las deudas que entran en la compensación
La Provincia reconoce una deuda de $84.732.191.780,82, integrada por el adelanto de coparticipación de $80.000 millones acordado a fines de abril y $4.732.191.780,82 correspondientes a los intereses de esa operación, calculados al 2 de octubre.
Nación reconoce adeudar a Tierra del Fuego $6.204.318.646,32. De ese total, $1.234 millones corresponden a ajustes del Consenso Fiscal de 2023, 2024, 2025 y el primer semestre de 2026. Los restantes $4.970 millones provienen de obligaciones por obras públicas de vivienda.
La compensación deja un saldo de $78.527.873.134,50 a cargo de la Provincia y permite cancelar aproximadamente el 7,32% de la deuda reconocida con Nación. La operación no implica un ingreso de dinero ni una condonación, ya que se aplican acreencias provinciales para reducir el pasivo.
Ese saldo generará intereses al 15% nominal anual desde la firma. Los devengados hasta el 31 de diciembre de 2026 se incorporarán al capital. Los intereses comenzarán a pagarse en enero de 2027 y el capital se devolverá en ocho cuotas mensuales, iguales y consecutivas, desde mayo hasta diciembre.
Sin considerar los intereses que se incorporarán al capital, cada cuota de amortización rondaría los $9.816 millones.
El cobro se realizará mediante retenciones de la coparticipación federal, lo que reducirá los fondos disponibles durante 2027 para afrontar las obligaciones corrientes del Estado provincial.
Mientras la deuda asumida por la Provincia incorpora expresamente el pago de intereses, los créditos reconocidos a Tierra del Fuego no presentan un detalle equivalente. El convenio no aclara si incluyen intereses por mora o actualización por inflación.
Si fueran valores históricos, la Provincia estaría aplicando acreencias depreciadas para cancelar una obligación que sí incorpora intereses.
Renuncia reclamo por el Fondo de la Soja
La Provincia también se compromete a desistir de la acción y del derecho en el juicio por la eliminación del Fondo de la Soja. El convenio no cuantifica ese reclamo ni identifica una suma reconocida específicamente por abandonarlo.
Además, deberá remitir a la Secretaría de Hacienda de la Nación información periódica sobre presupuesto, deuda, salarios, saldos bancarios, recaudación y financiamiento a municipios. Queda abierta la posibilidad de compensar otras obligaciones mediante nuevos acuerdos.
El aporte del IPV
Los $4.970 millones de obra pública incorporados al convenio del REOR provienen de créditos cedidos por el IPVyH a la Provincia. Como informó EDFM, el 2 de octubre el ministro de Economía, Alejandro Barrozo Marte, y la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, Laura Montes, firmaron un convenio por el cual el organismo transfirió acreencias contra Nación por $4.970.226.415,92. A cambio, el Gobierno canceló deudas del Instituto por $1.892.429.317,62. La diferencia supera los $3.077 millones y el organismo renunció a reclamar otra contraprestación. Los créditos corresponden a proyectos habitacionales de Ushuaia y Río Grande del programa Casa Propia.
