Radio FM Amistad
La convocatoria fue solicitada por Damián Löffler y Pablo Villegas (MPF), Jorge Lechman y Raúl Von der Thusen (Somos Fueguinos), Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) y Matías Lapadula (Provincia Grande), con el propósito de evitar que el proyecto original quede aprobado por el vencimiento del plazo de urgencia.
El oficialismo, en cambio, llega con un despacho favorable firmado por Myriam Martínez (FORJA); Victoria Vuoto, Juan Carlos Pino y Tomás García (PJ); y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin), al que hay sumarle el acompañamiento de Federico Greve (FORJA) que no formó el despacho porque no integra ninguna de las comisiones. Pero esos seis respaldos garantizados no alcanzan para reunir los ocho votos necesarios para sancionar la iniciativa con la Cámara completa.
Se presentan tres escenarios principales para la sesión de hoy. El primero es que el oficialismo consiga los votos que le faltan para convertir en ley el dictamen firmado el jueves pasado. El segundo, que la oposición se limite a retirar el trámite de urgencia al proyecto del Ejecutivo para evitar su aprobación automática el viernes 6 y continuar el debate mediante el procedimiento ordinario. El tercero, que impulse el rechazo del proyecto y no habilite el tratamiento del dictamen, con la intención de discutir el financiamiento educativo en el marco del Presupuesto 2027.
Si la sesión se limita a retirar la urgencia, el oficialismo tendrá otra oportunidad para intentar incorporar el dictamen al orden del día de la sesión ordinaria convocada, a pedido de Greve, Martínez, Pino, García y Dos Santos, para mañana, martes 3, a las 12:00.
Más parecido que diferente
Aunque modifica algunos aspectos de la propuesta original, el dictamen conserva buena parte de las fuentes de recursos previstas por el Ejecutivo. Ambos textos contemplan aportes de Rentas Generales, hasta el 10% del remanente distribuible de utilidades de empresas estatales —una vez cumplidas las reservas y afectaciones legales— y otros recursos específicos que se establezcan por ley.
También mantienen el adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego. La diferencia es que el despacho de comisión prohíbe trasladar ese costo a los servicios y costos financieros que la entidad cobra a sus clientes.
La alícuota del 3,4% sobre la distribución de gas también permanece, pero cambia el destino de su recaudación. Mientras el proyecto original la incorpora al fondo educativo, el dictamen crea un Fondo Provincial de Infraestructuras y reserva el 40% para mantenimiento, mejoras, accesibilidad y obras educativas. El 60% restante financiará redes de gas y conexiones domiciliarias. Además, dispone dejar de recaudar ese recurso si el ente regulador nacional autoriza trasladar su costo a la tarifa de los usuarios.
Ambas versiones incluyen hasta el 10% de los incrementos derivados de adicionales o afectaciones sobre actividades económicas estratégicas, aunque el dictamen precisa que ese porcentaje se calculará sobre recursos netos de coparticipación.
También conservan la asignación de hasta el 40% de los recursos generados por modificaciones de alícuotas, bases imponibles o revalúos del Impuesto Inmobiliario Rural. El despacho agrega la actualización anual por IPC de la valuación fiscal determinada para 2026.
Se mantienen, asimismo, los recursos generados por la explotación del hidrógeno verde y los provenientes de la promoción, radicación y desarrollo de la economía del conocimiento. El dictamen precisa que, en ambos casos, los ingresos se incorporarán netos de coparticipación y, para el hidrógeno verde, exige una afectación específica.
Entre las diferencias, desaparece la asignación del 0,5% de la recaudación total provincial de Ingresos Brutos, que el proyecto original excluía de la distribución a los municipios. En contrapartida, se incorpora la recaudación de ese impuesto correspondiente a las actividades de Terra Ignis.
El dictamen también integra expresamente los recursos educativos del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales. Preserva su destino y permite continuar aplicándolos a salarios docentes, sin sujetarlos al reparto porcentual general del nuevo fondo.
La continuidad de los gravámenes al BTF y a la distribución de gas concentra buena parte de las dificultades para ampliar los seis respaldos. Federico Sciurano (FORJA) sostuvo públicamente que acompaña una ley de financiamiento educativo, pero condicionó su apoyo a excluir ambas fuentes porque considera que terminarían repercutiendo sobre los usuarios.
Los opositores Löffler, Villegas, Lechman, Von der Thusen, Lapadula, Colazo, Gracianía y Selzer también cuestionaron el esquema de financiamiento, ya sea por las nuevas cargas tributarias, su posible impacto sobre las familias y el sector productivo o la insuficiencia de los recursos previstos. Varios objetaron, además, la afectación de fondos municipales contemplada originalmente, y plantearon la necesidad de revisar si el Ejecutivo está haciendo una eficiente y racional uso del recurso público afectado a la función educativa.
Para convertir el dictamen en ley con la Cámara completa, sus promotores deberán sumar al menos dos votos a los seis respaldos obtenidos en comisión. Las posiciones conocidas anticipan una negociación difícil, cuyo resultado dependerá de los acuerdos de última hora que el Ejecutivo y sus aliados puedan alcanzar con algunos de los principales referentes de la oposición.
