Radio FM Amistad
La Justicia provincial ordenó el allanamiento del Puerto de Ushuaia para permitir el ingreso de inspectores ambientales, después de cuatro intentos frustrados de fiscalización y frente a una extensa documentación oficial que advierte sobre múltiples riesgos de contaminación. La decisión representa un nuevo capítulo judicial para la intervención federal que administra la terminal portuaria desde enero pasado.
Mediante una resolución dictada este miércoles 28 de octubre, el Juzgado de Instrucción N° 2 libró ayer una orden de registro sobre las instalaciones ubicadas en Maipú 510, autorizando la intervención de Prefectura Naval Argentina y el eventual uso de la fuerza pública.
En efecto, el tribunal dispuso que el procedimiento se realizara desde las 14 horas, con participación de funcionarios provinciales de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos. La resolución acredita la orden judicial, aunque no informa los resultados de la inspección hasta el momento.
La decisión respondió a las restricciones impuestas a los inspectores provinciales durante los días 25 de agosto, 1 y 17 de septiembre y 19 de octubre. En todas esas oportunidades, según las actuaciones judiciales, el personal ambiental no pudo concretar las verificaciones programadas.
Por consiguiente, la Fiscalía de Estado promovió una denuncia penal y solicitó la intervención judicial para garantizar las facultades provinciales de control, invocando el artículo 204 del Código Procesal Penal.
El Juzgado de Instrucción consideró que la reiteración de los impedimentos y la necesidad de comprobar presencialmente las condiciones ambientales justificaban la medida, respaldada también por las leyes provinciales 55, 105 y 1126.
Sin embargo, detrás del conflicto institucional aparece una cuestión considerablemente más delicada: la incertidumbre sobre la existencia, almacenamiento y destino de residuos peligrosos dentro de una instalación estratégica situada en pleno centro de Ushuaia y en contacto directo con el mar.
Residuos peligrosos, hidrocarburos y contaminación: los riesgos del puerto
Uno de los fundamentos centrales de la presentación ambiental es la existencia de antecedentes documentales sobre residuos peligrosos generados por las actividades portuarias, cuyo destino actual no pudo verificarse debido a las restricciones de acceso.
Según informó la Secretaría de Ambiente, la Dirección Provincial de Puertos estaba registrada como Generador de Residuos Peligrosos Categoría I, mientras distintas agencias marítimas que operan dentro del establecimiento se encuentran inscriptas en la Categoría II.
Además, las declaraciones ambientales identifican residuos clasificados bajo las categorías Y8, Y9, Y12, Y31, Y42 y Y48, que comprenden aceites minerales usados, mezclas de hidrocarburos y agua, pinturas, solventes, residuos con plomo y materiales contaminados.
En particular, los antecedentes de 2024 registraron 1.200 litros de aceites minerales usados y 400 kilogramos de materiales contaminados que fueron tratados. Por otra parte, el informe de gestión de 2025 señaló que los residuos generados durante ese período permanecían almacenados y que su retiro, previsto para enero de 2026, no pudo concretarse debido a la intervención administrativa.
No obstante, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación sostuvo posteriormente que dentro del establecimiento ya no existen residuos peligrosos almacenados y que tampoco se realizan actividades de mantenimiento que produzcan esos materiales.
Esta contradicción constituye uno de los aspectos más preocupantes de la investigación: mientras los antecedentes provinciales documentan residuos cuyo retiro había quedado pendiente, la administración nacional afirma que actualmente no existen.
Por esa razón, los organismos ambientales reclamaron verificar si fueron retirados, quién realizó su transporte, cuándo ocurrió y cuál fue su destino final. La falta de esas comprobaciones impide reconstruir su trazabilidad y descartar una eventual disposición irregular.
Asimismo, la presentación advirtió que incluso cantidades reducidas de residuos peligrosos pueden representar riesgos ambientales relevantes cuando no reciben el tratamiento adecuado.
Otro sector sensible es el Muelle de Catamaranes, donde inspecciones anteriores habían identificado tareas de mantenimiento de embarcaciones y un tanque de aceite de 200 litros. Actualmente se desconoce si esos recipientes permanecen allí, fueron trasladados o si las actividades continúan en otro sector.
A ello se suma la necesidad de inspeccionar el Taller Mecánico, los depósitos de residuos y las instalaciones donde se realizaban cambios de aceite y mantenimiento de equipos.
Por otra parte, la orden comprende la Plazoleta Fiscal, donde deben verificarse contenedores, volquetes y posibles derrames. También incluye sectores donde anteriormente existían tanques de combustible, para comprobar su retiro y descartar contaminación del suelo.
En paralelo, los técnicos debieron examinar sectores de relleno donde se registró la presencia de chatarra, caños, ruedas, tambores y otros materiales cuya disposición podría representar riesgos ambientales.
La preocupación también alcanza al recurso hídrico. La Secretaría de Ambiente advirtió sobre la necesidad de verificar obras, ampliaciones y modificaciones de infraestructura portuaria, así como sus posibles efectos sobre las aguas circundantes.
En ese sentido, las inspecciones deberán controlar drenajes pluviales, puntos de descarga, escurrimientos, vertidos, películas oleosas y eventuales arrastres de combustibles, aceites u otras sustancias contaminantes hacia el mar.
Otro riesgo señalado está relacionado con la Campaña Antártica. Desde 2019, la Provincia controla los residuos que ingresan mediante buques provenientes de las bases argentinas, especialmente entre octubre y abril. Las restricciones comprometen esas verificaciones durante una etapa de intensa actividad logística.
En consecuencia, la prohibición de ingreso por parte de la ANPyN no solamente impide fiscalizar a la administración portuaria, sino también a las agencias marítimas y otros operadores que desarrollan actividades dentro del establecimiento y permanecen sujetos a las leyes ambientales provinciales.
La presentación oficial destacó, además, que el puerto se encuentra en una zona urbana, con circulación de trabajadores, transportistas, pasajeros y turistas. Esa combinación de actividades, materiales peligrosos y proximidad al mar incrementa la necesidad de controles preventivos.
Asimismo, los organismos provinciales advirtieron sobre el riesgo de que se modifiquen las condiciones materiales o desaparezcan elementos necesarios para reconstruir el destino de los residuos antes de que puedan inspeccionarse.
La Justicia consideró suficientes estos antecedentes para autorizar el registro de nueve sectores del establecimiento, aunque limitó la medida a las tareas de fiscalización ambiental solicitadas.
De todos modos, los riesgos descriptos justifican las inspecciones, pero no constituyen por sí mismos una constatación judicial de contaminación efectiva. El procedimiento fue ordenado para establecer las condiciones reales del puerto.
Finalmente, la decisión expone una situación institucional difícil de justificar: fue necesaria una orden judicial, con intervención de Prefectura y posibilidad de utilizar la fuerza pública, para permitir controles ambientales que la Provincia realizaba regularmente antes de la intervención federal.
El interrogante que deberá responder la investigación es qué ocurrió con los residuos peligrosos declarados desde enero de este año, en qué condiciones ambientales se encuentra el Puerto de Ushuaia y por qué sus autoridades nacionales impidieron reiteradamente que los organismos competentes pudieran comprobarlo.
