Radio FM Amistad
La política de adjudicación de tierras en Ushuaia volvió a quedar en el centro de la escena política y abrió un debate que atraviesa una de las principales demandas de la capital fueguina: el acceso al suelo para construir una vivienda.
La controversia se profundizó luego de que concejales de la oposición cuestionaran proyectos de desafectación de tierras destinados a futuras urbanizaciones, advirtiendo que parte de esos predios serían adjudicados a gremios y distintas asociaciones civiles, mientras miles de vecinos continúan esperando una respuesta desde hace años en el Registro de Demanda Habitacional del Municipio.
El eje de la discusión no pasa únicamente por la disponibilidad de tierras, sino por los criterios utilizados para definir quién accede primero a un lote municipal.
Los cuestionamientos plantean que, en un contexto de fuerte déficit habitacional, la prioridad debería estar puesta en las familias inscriptas de manera individual, muchas de las cuales llevan años aguardando una solución habitacional. Desde ese sector sostienen que entregar tierras a organizaciones intermedias genera un trato desigual respecto de quienes siguen esperando una adjudicación directa.
Frente a esas críticas, la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches, defendió la política impulsada por la gestión del intendente Walter Vuoto y negó que exista discrecionalidad en las decisiones.
"Nunca vamos a ir en contra de las normativas ni de los vecinos", afirmó durante su exposición ante la Comisión de Planeamiento y Obras Públicas del Concejo Deliberante, donde aseguró que todas las adjudicaciones se realizan respetando el marco legal vigente.
La funcionaria también rechazó la idea de que exista una diferencia entre la demanda individual y la colectiva.
Según explicó, las asociaciones, cooperativas y gremios también están integrados por vecinos que necesitan acceder a un terreno para construir su vivienda, por lo que consideró que se trata de una única demanda habitacional que puede canalizarse mediante distintos mecanismos.
Otro de los puntos que marcó la discusión es que los lotes involucrados aún no cuentan con infraestructura básica.
Henriques Sanches reconoció que muchos de los predios se entregan sin servicios esenciales como agua, cloacas, gas o energía eléctrica, aunque sostuvo que el Municipio no tiene competencia para ejecutar esas obras y que su responsabilidad es adjudicar la tierra mientras gestiona posteriormente la llegada de la infraestructura con los organismos correspondientes.
Desde distintos sectores políticos advierten que adjudicar tierras sin servicios puede generar nuevas urbanizaciones con dificultades para consolidarse y, al mismo tiempo, extender la espera de quienes figuran en los listados oficiales de demanda habitacional.
La discusión también volvió a poner sobre la mesa la necesidad de transparentar los criterios de adjudicación, actualizar el estado del Registro de Tierras y definir con claridad cuál será el orden de prioridades para futuras entregas.
Mientras tanto, el Ejecutivo municipal sostiene que la falta de servicios no puede convertirse en un argumento para paralizar la política habitacional y que, frente a una demanda creciente, entregar la tierra constituye el primer paso para que cientos de familias puedan comenzar a construir un proyecto de vida propio.
El debate promete continuar en el Concejo Deliberante, donde la oposición insiste en revisar los mecanismos de asignación para garantizar que las decisiones respondan a criterios objetivos y transparentes. En una ciudad donde el acceso a un terreno representa una de las principales problemáticas sociales, la discusión excede el plano político: pone en juego cómo y a quiénes debe priorizar el Estado cuando la demanda supera ampliamente la oferta de suelo urbano disponible.
