Radio FM Amistad
Está previsto que a partir de las 11:00 de inicio la reunión de trabajo en la que se abordará el proyecto del bloque Somos Fueguinos, que propone aplicar a los representantes provinciales ante entes nacionales y a quienes ejerzan funciones en dependencias ubicadas fuera del territorio fueguino los mismos requisitos previstos por la Constitución Provincial para desempeñarse como ministro.
De aprobarse, las personas designadas deberán tener al menos 25 años, ser argentinas nativas o por opción, con diez años de ciudadanía, acreditar cinco años continuos de residencia inmediata en Tierra del Fuego y estar inscriptas como electoras en la Provincia.
La iniciativa también establece que las propuestas formuladas por el Poder Ejecutivo deberán contar, en todos los casos, con acuerdo de la Legislatura mediante una ley. Quienes ya se encuentren desempeñando esas funciones tendrán un plazo máximo de 30 días para presentar la documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas.
Según los fundamentos, el propósito es equiparar esas representaciones con otros cargos de relevancia institucional, debido a la responsabilidad que implica defender los intereses fueguinos ante organismos nacionales o fuera de la jurisdicción provincial.
La Comisión analizará también otro proyecto impulsado por Somos Fueguinos, que plantea requisitos de idoneidad, transparencia e integridad para acceder a cargos públicos o presentarse como precandidato o candidato en Tierra del Fuego.
El proyecto inhabilita a las personas que tengan una sentencia condenatoria de segunda instancia, aunque todavía no se encuentre firme, por delitos considerados de especial gravedad. La restricción alcanza, entre otros, a delitos contra la administración pública, el orden constitucional, la seguridad de la Nación y el orden económico y financiero, además del fraude contra el Estado, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, los delitos contra la integridad sexual y el femicidio.
También incorpora delitos contemplados en leyes especiales o tratados internacionales vinculados con la lucha contra la corrupción. Las mismas incompatibilidades se aplicarían a las designaciones en cargos públicos provinciales.
Como mecanismo de control, los partidos políticos y las alianzas electorales tendrían que presentar el certificado vigente de antecedentes penales de cada postulante al solicitar la oficialización de sus listas. Ante la falta de esa documentación, el organismo electoral concedería un plazo de 48 horas para subsanar el incumplimiento o reemplazar al candidato. Si la intimación no fuera atendida, la lista sería considerada incompleta.
En los casos en que una condena se detectara después de una designación, el proyecto dispone la apertura de un procedimiento administrativo, con garantía del derecho de defensa, para determinar el eventual cese en el cargo.
Otro de los temas a tratar, es un asunto presentado por Manuel Angel Márquez mediante el cual se solicita se declare patrimonio de Río Grande al predio ubicado en la intersección de las calles Alberdi y Rivadavia. Los fundamentos destacan el valor histórico de la construcción, especialmente de su acceso por la calle Rivadavia, donde todavía se conservan letras originales de cemento correspondientes a la Asociación Rural y fechadas en 1949. El inmueble habría sido utilizado como depósito de fardos de lana, una actividad vinculada con el desarrollo productivo de la ciudad, y como espacio para distintos acontecimientos comunitarios.
La Comisión 1, de Legislación General, está integrada por Raúl von der Thusen y Jorge Lechman (Somos Fueguinos), María Victoria Vuoto y Juan Carlos Pino (PJ), Federico Greve y Myriam Martínez (FORJA) Natalia Graciania Flores (La Libertad Avanza); Pablo Villegas (MPF), Juan Matías Lapadula (Provincia Grande), María Laura Colazo (Partido Verde) y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin).
