La decisión judicial se inscribe en una discusión más amplia sobre la viabilidad de la ley y su impacto en las cuentas públicas. La norma, tal como fue planteada, carece de financiamiento claro y destruiría el equilibrio fiscal, uno de los pilares centrales de la política económica actual.
En ese sentido, el Ministerio recordó que “mediante el Decreto N° 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775 quedando suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento, ya que su aplicación plena comprometía el equilibrio de las cuentas públicas”.
Por último, el Gobierno de Milei ratificó su posición respecto al sistema educativo y el uso de los recursos públicos. “El Gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado”, concluyó el Ministerio de Capital Humano.
