Radio FM Amistad
Todos los sindicatos salieron a rechazar la intervención del Puerto de Ushuaia, pero ninguno acompañó el reclamo de las familias por el colapso de OSEF. La doble vara gremial vuelve a quedar en evidencia, con Horacio Catena como una de las voces más activas en defensa de fondos que podrían financiar proyectos propios.
La reacción sindical frente a la intervención del Puerto de Ushuaia fue inmediata, coordinada y ruidosa. Más de 30 organizaciones gremiales y sociales se pronunciaron en bloque contra la decisión del Gobierno nacional, denunciando un supuesto avance “arbitrario” y convocando a movilizaciones en defensa de lo que califican como “el único puerto público del país”.
Sin embargo, el repentino fervor gremial contrasta con un silencio absoluto frente a una crisis mucho más profunda y cotidiana: el colapso de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). Allí, pese a la falta de prestaciones, demoras en tratamientos, suspensión de servicios y el drama que atraviesan miles de familias, ningún sindicato impulsó acciones conjuntas ni acompañó de manera sostenida los reclamos de los afiliados.
La contradicción no pasó desapercibida. Mientras ahora se movilizan para rechazar la intervención portuaria, cuando OSEF estalló, los gremios eligieron mirar para otro lado.
Entre los principales protagonistas del rechazo aparece Horacio Catena, secretario general del SUTEF, conocido por su fuerte capacidad de presión gremial y por liderar históricamente medidas de fuerza en el sistema educativo. Su posicionamiento resulta llamativo si se recuerda que, meses atrás, el propio Catena impulsaba la utilización de fondos provenientes de aranceles portuarios para financiar su proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, junto con la creación de nuevos impuestos.
Es decir: cuando los recursos del puerto pueden alimentar proyectos sindicales o estructuras afines, la defensa es inmediata; cuando se trata de garantizar la salud de los fueguinos, el acompañamiento desaparece. Cuando se trata de asegurar la educación de nuestros hijas e hijos, hay paro y desobligaciones, pero cuando hay despilfarro, ahí están.
El documento difundido por los gremios sostiene que la intervención responde a un “capricho” del presidente Javier Milei y que pone en riesgo las fuentes laborales. Sin embargo, omite deliberadamente las irregularidades detectadas por organismos nacionales: deterioro estructural del muelle, fallas de seguridad, uso indebido de fondos, mínima inversión en infraestructura y desvío de recursos hacia fines ajenos a la actividad portuaria.
Tampoco se menciona que la intervención no implica el cierre del puerto ni despidos automáticos, sino una auditoría administrativa ante incumplimientos graves, algo que el propio Gobierno provincial había negado públicamente, pese a que hoy el control ya está en manos de la Nación con presencia de Prefectura.
La pregunta que empieza a instalarse es inevitable: ¿Por qué los sindicatos se organizan con tanta rapidez para defender fondos estratégicos, pero no muestran la misma energía para reclamar por la salud pública y el funcionamiento de OSEF?
Para muchas familias fueguinas, la respuesta es clara. La agenda gremial parece activarse solo cuando están en juego intereses políticos, recursos o proyectos propios, mientras los problemas estructurales que afectan de lleno a la población quedan relegados.
La defensa selectiva de derechos vuelve a desnudar una práctica conocida en Tierra del Fuego: sindicatos funcionales a ciertos temas y ausentes en otros, incluso cuando lo que está en juego es la vida y la salud de los fueguinos.
