Ante el complejo panorama que atraviesa el sector textil de Tierra del Fuego, el Gobernador manifestó su respaldo a las gestiones realizadas por las empresas Sueño Fueguino y Barpla que enfrentan una situación crítica tras los decretos del Gobierno nacional que excluyeron a la actividad del régimen promocional de la Ley 19.640.
Rio Grande22/10/2025
Radio FM Amistad
El Poder Ejecutivo está definiendo intervenir ante la Suprema Corte de Justicia de Nación como “amicus curiae” en el marco de las causas iniciadas por la textiles Sueño Fueguino y Barpla contra medidas adoptadas por el gobierno nacional.
El gobernador Melella confirmó que el equipo legal del Gobierno está evaluando la solicitud elevada al Ejecutivo por el abogado Raúl Paderne, en representación de ambas firmas, solicitando que la provincia se presente ante la justicia como “amigo del tribunal” con el fin de expresar el interés público comprometido en estos litigios, particularmente en lo que respecta a la defensa del empleo, la inversión productiva y el entramado económico local.
Las medidas adoptadas a nivel nacional a través de los Decretos 727/2021 y 594/2023 generaron un cambio sustancial en las condiciones del sector textil fueguino, que históricamente ha estado amparado por la Ley 19.640. Aunque el segundo decreto intentó ofrecer una vía de reintegración al régimen, impuso limitaciones importantes, tales como una prórroga acotada a cinco años y la exigencia de renunciar a reclamos judiciales, lo que, en la práctica, impidió que empresas ya en litigio, como Sueño Fueguino y Barpla, pudieran acceder a sus beneficios.
Actualmente, ambos casos continúan en trámite judicial, con recursos extraordinarios aceptados en la Corte Suprema, luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocara medidas cautelares que permitían sostener las operaciones de las empresas mientras avanzaban los procesos.
Frente a este escenario, el Gobernador sostuvo que “la defensa del empleo y del desarrollo industrial de Tierra del Fuego siempre ha sido una política de Estado” y señaló que se estudia la intervención en las causas mencionadas. Dejó en claro que “no se trata de intervenir en la cuestión de fondo jurídica, que será resuelta por la Justicia, sino de hacer visible ante los tribunales el impacto que una definición adversa puede tener sobre más de 250 trabajadores y sus familias, y sobre toda la economía regional”, expresó.
De esta manera, Melella reafirmó el compromiso de su Gobierno con la protección del régimen fueguino como herramienta central para el desarrollo, la diversificación productiva y la integración territorial. “No vamos a permitir que se debilite una de las pocas políticas federales activas que tiene la Argentina, que además ha demostrado su capacidad de generar empleo formal y valor agregado en el extremo sur del país”.
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De acuerdo al análisis inicial que realizó el Dr. Francisco Giménez, querellante en la causa en la cual estaba imputado el gobernador Gustavo Melella, el fallo del Superior Tribunal de Justicia, "rechazó el requerimiento de instrucción fiscal" y "no se investigó", a la vez que agregó, "el voto del Dr. Javier Muchnick dice que si se presenta nueva prueba, se podría reabrir la causa, como pretenden que presentemos nueva prueba si nunca la realizaron". Asimismo, el abogado aseguró que esta causa posee una "trampa técnica" para que la causa no salga de la provincia, por lo tanto es muy probable que no llegue a la Corte Suprema de Justicia, dado que "no hubo un sobreseimiento definitivo de Melella, así, el Poder Judicial de Tierra del Fuego sigue teniendo a Melella como rehén. No le van a regalar un sobreseimiento".
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