La Secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, eliminó una serie de disposiciones, entre las que figuran controles en la carne vacuna, lácteos y grandes supermercados. Sturzenegger celebró el “nuevo paso en pos de la libertad”.
Economia19/11/2024
Radio FM Amistad
El Gobierno dispuso este martes la derogación de 43 normas vinculadas al control de precios en la carne vacuna, lácteos, comercios y grandes supermercados. También establecían regulaciones en las farmacias, servicios de televisión por cable y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.
La decisión se oficializó a través de la resolución 1212 del Ministerio de Economía y las resoluciones 433 y 434 de la Secretaría de Comercio publicadas este 19 de noviembre en el Boletín Oficial. Las disposiciones derogadas le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información “innecesaria”.
“Resulta necesario alinear las políticas de regulación del mercado interno de modo tal que se lleve a cabo una desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el consumidor, así como a la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que solo han generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y su consecuente traslado a los precios de los bienes y servicios para los consumidores”, justificaron desde el Ejecutivo.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger señaló que esta decisión “permiten dar un nuevo paso en pos de la libertad que pregona el presidente Javier Milei”. Dentro de la cuarentena de disposiciones que disolvió el Gobierno, se encuentra una resolución que exigía trámites para acceder al proceso de certificación de neumáticos.
Según informó la cartera que conduce Pablo Lavigne, las medidas se suman a las 107 derogaciones realizadas desde el inicio de la gestión para “disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia”.
Desregulación de precios: qué normas derogó el Gobierno
El Gobierno dispuso este martes la derogación de 43 normas que le permitía fijar precios e intervenir mercados. A continuación, las principales resoluciones que disolvió la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Economía:
Resolución 1/2006 y 38/2008: Esta norma regulaba el precio de la carne vacuna, fijando precios máximos para toda la cadena, tanto para los cortes destinados a la industria frigorífica, como los de consumo comercial minorista o mayorista.
Resolución 26/2007: El Registro de Industrias Elaboradoras de Bienes Finales Lácteos obligaba a los inscriptos a acordar precios con el Gobierno.
Resolución 6/2010: Todas las farmacias del país debían exhibir en lugar visible listas y/o carteles en los que se consignan todos los productos que se encontraban alcanzados por una bonificación especial del 30%.
Resolución 823/2022: Establecía la creación del programa Precios Justos que obstaculizaba las relaciones comerciales entre los ciudadanos y el mercado.
Resolución 991/2021: Desarrolló el programa Súper Cerca destinado a los comercios de cercanía de todo el país y fijaba los precios de los productos de la canasta básica.
Resolución 1182/2023: La Unidad de Negociación de Acuerdo de Precios afecta la libre competencia y entorpece las relaciones comerciales.
Resolución 50/2010. Establecía que las operaciones de comercialización del servicio de televisión paga deben efectuarse de acuerdo a las pautas y fórmulas fijadas por el Estado.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger señaló que la derogación de más de 40 normas “permiten dar un nuevo paso en pos de la libertad que pregona el presidente Javier Milei”.
Por otra parte, el Gobierno también simplificó una serie de procedimientos:
Resolución 25/2007. Su derogación simplifica el procedimiento para la homologación de neumáticos. Esta norma establecía que para la aprobación del Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (CHAS), los neumáticos debían cumplir con requisitos extra aprobados por el INTI. Este proceso encarecía su precio.
Resoluciones 300/2009 y 312/2010. Obligaban a suministrar información a las instituciones educativas de gestión privada que ofrezcan servicios de enseñanza obligatoria sobre los costos laborales y aranceles.
Fuente: TN
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