Gendarmería Nacional desbarató una red de narcotráfico en Río Gallegos, incautando más de 43 kilos de droga en una serie de allanamientos realizados en varios barrios de la ciudad.
Policiales03 de septiembre de 2024
Radio FM Amistad
En un operativo denominado "Santa Rosa Verde y Blanca", Gendarmería Nacional desbarató una banda criminal dedicada al transporte, almacenamiento y distribución de drogas en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. La operación se llevó a cabo durante los días 29 y 30 de agosto, tras más de un año de investigación exhaustiva por parte de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Río Gallegos”.
Bajo la dirección del Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo del Dr. Claudio Marcelo Vázquez, y la Secretaría Penal Nº 1 del Dr. Carlos Alberto Cerezoli, los agentes realizaron siete allanamientos en distintos puntos de la ciudad, logrando uno de los mayores decomisos de droga en la provincia en los últimos cinco años. Entre las sustancias incautadas se encontraron marihuana y cocaína de alta pureza, con un peso total que superó los 43 kilos.
La red delictiva operaba en varios barrios de Río Gallegos, incluyendo San Benito, APAP, El Ceibo, Belgrano y 62 Viviendas, lugares donde se efectuaron los allanamientos. En la operación participaron también otras unidades de la Agrupación XIX “Santa Cruz”, como el Escuadrón Núcleo “Santa Cruz”, la Unidad de Inteligencia Criminal “Río Gallegos”, y la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses de la Agrupación XVI, bajo la coordinación de la Región VII “Santa Cruz” de Gendarmería Nacional.
Cuatro personas, de entre 35 y 45 años, fueron detenidas durante el operativo, y se espera que enfrenten cargos por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes. Este golpe al narcotráfico destaca el compromiso creciente de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado en la región.
Fuente: CRONICAS FUEGUINAS
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/CH5YDFBVUBHMBLDQJ2ZL2HY72I.jpg)
Fue tres veces gobernador de Tucumán y llegó a ganar con el 78 por ciento de los votos. Tuvo la provincia a su merced con una justicia que supo moldear a su gusto. La Fiscalía y la querella señalaron que usó ese poder para abusar y violar a su sobrina y que ahora lo llevó a una cárcel
El gobernador Martín Llaryora anunció además que incrementarán el fondo destinado a las regiones afectadas.
La secretaria General de Presidencia se puso al frente del encuentro con legisladores de La Libertad Avanza, de PRO y del MID. Por el Gobierno también participaron el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger
El legislador Agustín Coto recomendó que el Poder Legislativo deje actuar a la Justicia en materia de constitucionalidad de la ley 1529, que declaró la necesidad de la reforma, considerando que la paralización de actividades se debe a este conflicto político-judicial. A su criterio no debe haber una suerte de enmienda con una nueva ley, y tampoco la derogación de la existente, hasta tanto se pronuncie el Superior Tribunal. Calificó como “pésimo” que la Cámara esté dejando de lado el tratamiento de asuntos por esta razón, como explicación de fondo a la suspensión de sesiones. “Tenemos que ser serios, parar la pelota, porque es la agenda de la política de lo que estamos hablando. Al vecino de nuestra provincia todo esto no le va ni le viene en su vida cotidiana y no puede ser que todo el tiempo nuestra agenda sea la que s
A pocos días de haber informado el Ejecutivo fueguino que la Inspección General de Justicia inició el proceso de disolución de la sociedad como paso previo al desarme del radar, por considerar que la actividad de esta empresa en la Provincia configura “un peligro para la seguridad nacional”, desde el gabinete de Javier Milei se deslizó que sería inminente su habilitación “porque no es de origen británico sino estadounidense y no persigue fines militares sino científicos”.
A través de una resolución, la ministra de Seguridad fijó la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales ante las protestas extorsivas contra las empresas y definió la forma en que se pueden denunciar. El impacto en el sindicalismo y el empresariado