El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó a Misael Andino, a la pena de 5 años de prisión efectiva, por el delito de abuso sexual con acceso carnal, cometido a una menor de edad en un número indeterminado de veces en concurso real con abuso sexual simple. El condenado fue detenido inmediatamente, luego de ser impartida la sentencia.
El Tribunal de Juicio estuvo integrado por la Dra. Verónica Marchisio y los Dres. Eduardo López y Juan José Varela, entre las medidas comunicadas se dispuso que el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia articule un dispositivo de orientación y contención de la víctima.
Los fundamentos de esta sentencia serán expuestos el próximo 12 de mayo, a las 13 horas.
Cabe recordar que el hombre estaba acusado de haber abusado de una niña, en reiteradas oportunidades, entre 2015 y 2018 en Tolhuin.
En la etapa de alegatos, la Fiscal Laura Urquiza había solicitado una pena de 7 años de prisión efectiva, mientras que la defensa del imputado ejercida por el Defensor Oficial, Alejandro Naccarato, había requerido la absolución.
El Poder Ejecutivo promulgó las leyes mediante las cuales la Legislatura aprobó la cesión de las concesiones hidrocarburíferas de YPF a favor de Terra Ignis, así como la prórroga otorgada a la empresa provincial para la explotación de las áreas “Lago Fuego”, “Los Chorrillos” y “Tierra del Fuego”.
La propuesta apunta a que los comercios detallen en los comprobantes el impacto de Ingresos Brutos y tasas municipales, para que el consumidor pueda conocer la carga tributaria real que paga en cada producto.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, realizó un balance político y estratégico tras la aprobación por amplia mayoría en la Legislatura provincial del traspaso de las áreas de YPF a la empresa estatal Terra Ignis, una decisión que calificó como “una gran noticia para la provincia” y como un paso decisivo para que los fueguinos “nos hagamos cargo de nuestros propios recursos naturales”.
La modificación a la ley Provincial 1004 fortalece la capacidad de los hospitales y del Ministerio de Salud para cobrar facturas impagas. Incorpora intereses moratorios y punitorios atados a la tasa activa del Banco de Tierra del Fuego, amplía qué deudas se consideran título ejecutivo y consolida el apremio como herramienta clave para reducir la mora y mejorar la disponibilidad de recursos en el sistema.
Entre el 10 y el 21 de diciembre, casi 9.350 personas dejaron Tierra del Fuego rumbo al continente, mientras que los ingresos no alcanzaron a compensar la salida, según datos oficiales del Operativo Verano Seguro.
Con un mayoritario respaldo de oficialistas y opositores, el Poder Ejecutivo obtuvo el respaldo necesario para que Terra Ignis se haga cargo de las concesiones de 7 áreas hidrocarburíferas que explotaba YPF. La oposición logró aprobar una modificación a la ley de coparticipación que busca compensar a los municipios la merma de recurso derivada de los beneficios fiscales acordados por el Gobierno a la sociedad anónima con capital estatal provincial mayoritario.
Una reserva ambiental de gran escala busca consolidarse en Ushuaia, integrando tierras fiscales y privadas bajo un esquema de custodia firmado entre el Municipio y el grupo empresario del Hotel Arakur. El acuerdo incluye compromisos de inversión en servicios para visitantes, libre acceso peatonal y un mecanismo legal que impide cualquier intento de apropiación.
El Poder Ejecutivo promulgó las leyes mediante las cuales la Legislatura aprobó la cesión de las concesiones hidrocarburíferas de YPF a favor de Terra Ignis, así como la prórroga otorgada a la empresa provincial para la explotación de las áreas “Lago Fuego”, “Los Chorrillos” y “Tierra del Fuego”.
En una sesión intensa, la Cámara alta dio sanción a dos leyes clave: el Presupuesto Nacional 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. La senadora fueguina Belén Monte de Oca valoró el alcance de ambas normas y remarcó la importancia de acompañar el rumbo económico del Gobierno nacional.
Los tres imputados permanecen detenidos e incomunicados mientras avanza la investigación.
El Ejecutivo sostiene que la medida garantiza el derecho a la protesta, cuenta con amplio respaldo social y denuncia motivaciones políticas detrás de la decisión judicial.
