El organismo de control aplicó un apercibimiento al ministro de Educación tras detectar un “incumplimiento sustancial” en la contratación de trabajos realizados en la Escuela Provincial 46 de Río Grande. La intervención, por más de $5,3 millones, fue tramitada como un servicio pese a que, según el Tribunal, correspondía encuadrarla bajo el régimen de Obras Públicas.