Presupuesto y poder El kirchnerismo duro ya maneja 10 cajas clave del Estado con $ 6 billones de presupuesto

El avance del kirchnerismo duro dentro del gobierno de Alberto Fernández se fue haciendo más visible en los últimos meses, con nuevos ministros y secretarios afines a Cristina Fernández tomando mayor peso en las decisiones políticas. Pero también con una enorme repercusión en lo relativo a lo económico y las cajas que administran funcionarios leales a la vicepresidenta. En total, son 10 organismos o jurisdicciones con presupuestos que, acumulados, alcanzan los $ 6 billones.

La ANSeS de Raverta

​El presupuesto más oneroso de toda la Administración Nacional es históricamente el de  la ANSeS. Para 2021, se previeron fondos por $ 3,99 billones para el ente  previsional que conduce Fernanda Raverta desde mayo del año pasado, cuando reemplazo en su cargo a Alejandro Vanoli.

La dirigente de La Cámpora, quien antes de llegar a Nación pasó brevemente como ministra de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, en la gestión de Axel Kicillof, tiene bajo su órbita el dinero que se destina al pago de prestaciones previsionales, central en la estructura de toda la partida.

Se trata de $ 2,7 billones para pagar jubilaciones y pensiones, a los que se suman otros $ 484.897 millones que se giran para asignaciones familiares, unos $ 98.000 millones para pensiones no contributivas, y $ 51.462 millones para el pago de la pensión universal para el adulto mayor, entre otros gastos.

YPF, a cargo de un pingüino

Desde la salida de Guillermo Nielsen, en enero de este año, YPF pasó a estar conducida definitivamente por un aliado de Cristina Kirchner. Fue la confirmación del poder que había ido ganando en el tiempo el ala más kirchnerista de la petrolera estatal, que ya tenía en el cargo de vicepresidente de Asuntos Corporativos, Comunicaciones y Marketing a Santiago "Patucho" Álvarez, dirigente de La Cámpora.

No fue un funcionario de la agrupación que comanda Máximo Kirchner el elegido para suceder a Nielsen, sino alguien del riñón más estrecho del clan: el santacruceño Pablo González, ex secretario de Néstor en sus tiempos de intendente de Río Gallegos y gobernador de Santa Cruz, con pasos como funcionario público a nivel municipal, provincial y posteriormente nacional, cuando ocupó el cargo de senador o, hasta hace poco el de diputado, tras una etapa intermedia, entre 2015 y 2019 como vicegobernador de Alicia Kirchner.

Más allá de no poseer una larga trayectoria en el sector -sólo fue director de Distrigas en Santa Cruz-, González tiene a su cargo una empresa que prevé inversiones para este año por US$ 2700 millones. Convertidos a un dólar de $ 97, son $ 261.900 millones que manejará el delfín K en una compañía con ingresos anuales estimados entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones y que acaba de reestructurar una abultada deuda internacional.

El PAMI, todo un símbolo de poder

Desde el 10 de diciembre de 2019, Luana Volnovich conduce los destinos de PAMI, una de las cajas más trascendentes del Estado, no sólo por los fondos que aglutina sino por tratarse de la obra social de los jubilados a nivel estatal y nacional, y por haber sido observada varias veces por los altos niveles de corrupción en el manejo de sus recursos.

En estos dos años fue de los presupuestos que mayor crecimiento tuvieron. Pasó de $ 212.000 millones en 2019 a $ 456.400 millones en la actualidad, un 115% de aumento. Los fondos principales se desmenuzan de la siguiente manera: $ 94.136 millones en recursos tributarios, $ 250.727 millones en concepto de contribuciones a la seguridad social y $ 108.547 millones en transferencias corrientes.

Volnovich también surgió de La Cámpora, apadrinada por Máximo Kirchner, y fue diputada nacional de 2015 a 2019. Previamente, en el segundo mandato de Cristina Fernández, se desempeñó como directora nacional de Ampliación y Fortalecimiento de Derechos Educativos del Ministerio de Educación.

El recurrente agujero negro de Aerolíneas Argentinas

Desde que fue estatizada en 2008, Aerolíneas Argentinas ha estado siempre en la mira por su constante déficit operativo, que ha ido en crecimiento constante durante los gobiernos kirchneristas.

La línea de bandera es comandada en la actualidad por Pablo Ceriani, hombre de confianza del senador nacional Mariano Recalde, dirigente de La Cámpora y quien fuera director de la compañía entre 2008 y 2015. Enfocada por estos meses principalmente en los viajes internacionales en busca de vacunas, se prevé que este año tenga un déficit estimado en US$ 564 millones. En ingresos estimados para 2021, se calculan unos $ 127.318 millones.

Tras una larga carrera en diferentes puestos del Estado, Ceriani, de 45 años, sobresale especialmente por haber trabajado en la gestión de Recalde en diferentes cargos en Aerolíneas. Fue Jefe de Relaciones con el Estado, gerente económico financiero, y luego director titular y vicepresidente de la empresa.

"Wado", el camporista que llegó a ministro

Eduardo "Wado" de Pedro fue identificado como uno de los cuadros centrales de La Cámpora desde los inicios de la agrupación que él fundó, con Andrés Larroque y Máximo Kirchner, en 2006.

Con peso estratégico en las decisiones ya durante el segundo gobierno de Cristina, en el que fue diputado nacional y secretario de Inteligencia, se convirtió en ministro con Alberto Fernández como presidente. A la fecha, se lo sigue marcando como un punto de diálogo entre el kirchnerismo más explícito y el "albertismo".

Como ministro del Interior administra fondos por poco más de $ 71.000 millones. Tiene a su cargo el manejo de la relación con los gobernadores, pero también la organización de las próximas elecciones, que requerirán recursos por $ 17.700 millones, es decir, un cuarto del presupuesto de todo el ministerio.

El elegido por Cristina para "funcionar"

Jorge Ferraresi es el intendente de mayor vínculo con Cristina Kirchner. Desde noviembre del año pasado, tras tomarse licencia como jefe comunal en Avellaneda, ocupa el cargo de ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, en reemplazo de Maria Eugenia Bielsa, quien había dejado su cargo luego de que la vicepresidenta le apuntara indirectamente por considerarla dentro del paquete de "los funcionarios que no funcionan".

Ferraresi administra una caja de $ 119.565 millones, que se divide especialmente en dos grandes programas dentro del Ministerio. El de Planificación y Desarrollo Territorial, con fondos por $ 67.608 millones, y el de Producción Integral y Acceso al Hábitat, con recursos por $ 43.671 millones.

El ministro es leal a Cristina, que ha elegido reiteradas veces Avellaneda como sede de sus actos de campaña, y recientemente estuvo en ese distrito para ser vacunada, con ambas dosis, en el Hospital Presidente Perón. Discursivamente también fue de los que más la respaldó en sus críticas al Poder Judicial en los últimos años.

Un alfil K en la pelea con la Justicia

En boca de todos en las últimas semanas, y próximo a asumir formalmente como ministro de Justicia, Martín Soria será el encargado de llevar adelante la reforma judicial que impulsa Alberto Fernández pero que viene con una fuerte impronta de Cristina Kirchner.

El rionegrino de 45 años, ex intendente de General Roca, ha sido desde el Congreso nacional como diputado quien ha impulsado el discurso más combativo contra el Poder Judicial, haciendo alusión al denominado "lawfare" de parte del sector hacia la ex presidenta, criticando con dureza al gobierno de Mauricio Macri, y promoviendo cambios estructurales.

En lo económico, administrará una caja de $ 36.224 millones, pero también deberá negociar los giros de fondos para los pagos de sueldos del sector con la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.

Una secretaria con acceso a una gran caja

La Secretaria de Inclusión Social es un área determinante dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social. La conduce Laura Alonso, homónima de la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, pero de signo político bien diferente.

Alonso es dirigente de La Cámpora y tiene a su cargo un presupuesto de $ 114.249 millones para el programa "Políticas Alimentarias", que agrupa sobre todo los fondos que se utilizan para el reparto de las Tarjetas Alimentar en todo el país.

En un ministerio que agrupa a múltiples organizaciones que militan dentro del Frente de Todos y que equilibra como titular Daniel Arroyo, Políticas Alimentarias resulta un programa clave, que representa casi la mitad de todo el presupuesto de la cartera, fijado en $ 255.000 millones. De la ex diputada nacional es de quien depende el manejo de esos fondos.

Energía, el tema fetiche de Cristina

Más de una vez la vicepresidenta Cristina Kirchner definió a los temas energéticos como los de su mayor interés dentro del área económica. De allí puede entenderse que buena parte de los funcionarios en puestos clave dentro de la secretaría que depende del Ministerio de Economía respondan al kirchnerismo.

En agosto del año pasado, en reemplazo de Sergio Lanziani, llegó al cargo Darío Martínez, diputado por Neuquén que respondía en la Cámara Baja a Máximo Kirchner, y elegido para impulsar el desarrollo del estratégico yacimiento petrolífero de Vaca Muerta.

A su cargo, Martínez cuenta con un presupuesto global de $ 620.000 millones, entre los que destacan los suculentos fondos destinados a subsidios a las tarifas de electricidad y gas, que motivaron más de una discrepancia entre Economía y el Instituto Patria en el último mes.

Otra pata camporista en el Correo Argentino

Vanesa Piesciorovsky es otra de las militantes de La Cámpora que con la vuelta del kirchnerismo al poder han llegado a cargos de relieve. En su caso, es la actual presidenta del Correo Argentino, la mayor empresa postal del país, a la que el Estado acaba de ordenar el pago de $ 5.448 millones para la realización de las próximas elecciones.

Piesciorovsky había sido vicepresidenta de la empresa estatal en la anterior gestión, en el segundo mandato de Cristina Fernández. Ese cargo actualmente lo ocupa Mónica Litza, una referente de Sergio Massa en Avellaneda.

El Correo Argentino, además de estar a cargo de la organización de los próximos comicios legislativos, cuenta con un presupuesto anual en torno a los $ 10.000 millones.