
“Es una cáscara vacía”: Gracianía sostuvo que la ley no resuelve salarios ni infraestructura
Radio FM Amistad

Gracianía recordó que su bloque ya había fundamentado su posición en las sesiones anteriores y aseguró que mantuvo el mismo criterio hasta la votación final. La legisladora cuestionó además lo que definió como un “dictamen exprés” y afirmó que no se incorporaron varios de los planteos realizados durante el debate.
“Se llama Ley de Financiamiento Educativo, pero en realidad no está financiando prácticamente nada”, sostuvo en el recinto.
Uno de sus principales cuestionamientos estuvo dirigido a las fuentes de recursos. Según explicó, parte de la ley depende de ingresos futuros vinculados al hidrógeno verde y la economía del conocimiento, actividades sobre las que actualmente no existen inversiones concretas.
“Estamos comprometiendo fondos futuros de la Provincia, fondos que ni siquiera existen hoy”, cuestionó. La norma efectivamente incorporó distintas fuentes, entre ellas gravámenes sobre el Banco de Tierra del Fuego y la actividad de distribución de gas.
“Apenas $7.000 por docente”
Gracianía sostuvo que los recursos que actualmente pueden estimarse rondan los $3.500 millones anuales, entre lo que se recaudaría del Banco de Tierra del Fuego y el revalúo inmobiliario rural.
De acuerdo con sus propios cálculos, el porcentaje destinado a salarios representaría aproximadamente $7.000 mensuales de bolsillo por docente.
“El impacto que va a tener en los salarios es prácticamente inexistente”, afirmó. Esa estimación fue reiterada durante su exposición posterior a la votación.
También cuestionó los recursos previstos para infraestructura y sostuvo que, distribuidos entre los establecimientos educativos, serían insuficientes para producir una mejora sustancial.
“Lo que se votó hoy no les mejora el salario a los docentes. No mejora la situación de la infraestructura de las escuelas”, aseguró.
“Es una cáscara vacía”
Gracianía volvió entonces sobre la definición más fuerte de su discurso.
“Este proyecto de ley es una cáscara vacía, que lo único que hace es dar una salida elegante a los 46 días de paro, pero que no soluciona absolutamente nada”, expresó.
También cuestionó la reciente medida de fuerza de 36 horas del SUTEF y sostuvo que muchos docentes acompañaron las protestas convencidos de que una ley de financiamiento permitiría producir una mejora salarial significativa.
En ese contexto, afirmó que “la deuda con los estudiantes de Tierra del Fuego tampoco está saldada”, porque los días y contenidos perdidos durante el conflicto no podrán ser recuperados mediante esta norma.
Cuestionó un supuesto acuerdo entre Melella y Catena
Hacia el final de su intervención, Gracianía elevó el tono político y sostuvo que, desde su interpretación, la sanción terminó funcionando como una respuesta al gobernador Gustavo Melella y al secretario general del SUTEF, Horacio Catena.
“¿A quién beneficia esta ley? A los docentes no, a los estudiantes tampoco, a la educación pública fueguina menos”, planteó.
La legisladora atribuyó la insistencia en aprobarla a lo que describió como un “acuerdo político” entre Melella y Catena. Se trata de una acusación política formulada por Gracianía en el recinto, no de un hecho acreditado independientemente.
Además, reclamó que la discusión educativa se realizara conjuntamente con el Presupuesto Provincial 2027, para analizar cuánto invierte actualmente el Estado, cómo ejecuta esos recursos y qué margen existe para redistribuir partidas. El cronograma legislativo prevé precisamente el tratamiento del Ministerio de Educación dentro de la discusión presupuestaria.
Gracianía cerró manteniendo la línea que había sostenido durante todo el tratamiento: salarios dignos para docentes y demás empleados públicos, revisión integral de las cuentas provinciales y rechazo a crear nuevos impuestos como primera respuesta a los problemas de financiamiento.
“Crea nuevos impuestos, crea nuevas obligaciones, pero no resuelve absolutamente nada”, resumió antes de cerrar su intervención.




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