Radio FM Amistad
La Resolución de Directorio, aprobada el pasado lunes 7 de septiembre, declara de interés institucional y trámite urgente la conciliación, certificación y recuperación de esos recursos, al considerar que su cobro resulta necesario para sostener la liquidez de la obra social y garantizar la continuidad de las prestaciones médico-asistenciales.
El principal deudor es el Gobierno de la Provincia, con un saldo provisional de $7.682.156.646,66. Le siguen la Municipalidad de Tolhuin, con $410.147.810,55; la Dirección Provincial de Vialidad, con $406.822.263,24; el Concejo Deliberante de Tolhuin, con $146.601.437,64; la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Provincial por su sector pasivos, con $88.461.470,85; y la misma Caja por el sector activos, con $6.451.632,35.
En el caso del Poder Ejecutivo provincial, el monto está integrado por una deuda corriente correspondiente a julio de 2026 de $4.331.079.661,68 y una deuda histórica de $3.851.076.984,98. Sobre la suma de ambos conceptos fue imputado provisoriamente un pago de $500 millones, cuya acreditación todavía debe ser verificada con información de la Tesorería General.
La resolución establece ahora un cronograma concreto para intentar recuperar esos fondos. La Dirección Contable debe elaborar un informe integral y conciliado que detalle cada deudor, concepto, período, capital, pagos realizados, intereses, antigüedad, intimaciones, convenios vigentes, certificados de deuda y riesgo de prescripción.
Una vez determinado el saldo exigible, OSEF deberá intimar a cada deudor y otorgarle un máximo de cinco días hábiles para pagar o presentar una propuesta de regularización. Si no existe cancelación o acuerdo admisible, el Servicio Jurídico deberá iniciar las acciones judiciales correspondientes dentro de los diez días hábiles siguientes. Para las deudas por aportes y contribuciones se recurrirá al juicio ejecutivo.
En el caso específico del Gobierno provincial, una vez conciliada y certificada la deuda, OSEF deberá notificar al Banco de Tierra del Fuego para que actúe como agente de retención, en cumplimiento de la Ley 1627. La norma prevé que el Banco retenga los montos adeudados sobre fondos provinciales de libre disponibilidad y los transfiera directamente a la obra social dentro de las 24 horas.
A esos $8.740 millones se suma otro universo de acreencias que la propia resolución ordena contabilizar y reclamar por separado. Se trata de prestaciones brindadas a beneficiarios RUPE. Al 31 de julio existía una facturación pendiente de $11.369.930.467,38 y un saldo contable neto provisional, luego de notas de crédito, de $10.707.092.057. De ese total, $8.891.260.556,42 corresponden a ejercicios anteriores a 2026 y $1.815.831.500,58 al corriente año.
OSEF aclaró que esas acreencias tienen una naturaleza jurídica y contable diferente de los aportes y contribuciones, por lo que no deben sumarse automáticamente ni seguir el mismo procedimiento ejecutivo. La Dirección Contable deberá determinar y certificar esos créditos de manera independiente antes de realizar el reclamo al organismo provincial obligado.
La resolución también limita cualquier eventual plan de regularización a un máximo de 12 cuotas y exige que incluya capital, recargos e intereses. No admite quitas, condonaciones ni reducciones de capital o intereses y establece que el incumplimiento habilitará el cobro judicial del saldo pendiente.
La decisión fue aprobada por mayoría simple del Directorio, con los votos favorables de los vocales Adriana Soria y Horacio Gallegos y el voto negativo del representante del Ejecutivo, Jorge Giménez.
