Guzmán: “Hay una decisión política de no poner transparencia a lo que sucedió”

Uno de los puntos que Guzmán remarcó es la documentación requerida a distintas áreas provinciales. Según indicó, la Dirección Provincial de Energía (DPE) todavía no entregó la información solicitada hace aproximadamente 40 días, situación que también alcanza a otras dependencias vinculadas con el proceso.

“Hace 40 días que se le envió la solicitud a la Dirección Provincial de Energía”, manifestó, y planteó que esos antecedentes serán fundamentales para cruzarlos con las testimoniales y determinar cómo se fueron tomando las decisiones que permitieron avanzar con LeoLabs en Tierra del Fuego.

La Comisión Especial Investigadora comenzó este jueves una nueva etapa con la convocatoria de actores que tuvieron participación o conocimiento del caso. Entre los primeros citados aparecen el exsenador nacional Pablo Blanco, el intendente de Tolhuin Daniel Harrington y el presidente de la Dirección Provincial de Energía, Pedro Villarreal.

Para Guzmán, esas presentaciones permitirán comenzar a unir la documentación existente con los actos administrativos y las decisiones políticas.

“Tenemos que encontrar todos esos vasos capilares para poder entender cómo lo administrativo y lo político fue jugando en tándem para permitir la existencia de un radar como el de LeoLabs en Tierra del Fuego”, sostuvo.

Documentación desde 2021

Guzmán aseguró que ya existen antecedentes documentales que ubican gestiones vinculadas al proyecto varios años atrás. Entre ellos mencionó una solicitud de factibilidad de conexión al suministro eléctrico fechada el 12 de noviembre de 2021, presentada ante la Dirección Provincial de Energía en representación de LeoLabs.

El dato resulta central para la investigación porque permitiría establecer que existían gestiones relacionadas con la instalación antes de etapas posteriores de formalización de la empresa en la provincia.

A partir de esa documentación, Guzmán consideró necesario reconstruir qué organismos conocían el proyecto, quiénes intervinieron y qué funcionarios participaron en cada una de las decisiones.

También puso el foco sobre la participación inicial de actores vinculados a la estación astronómica de Río Grande y sobre las actuaciones de organismos nacionales como el ENACOM y la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, vinculada a las primeras autorizaciones otorgadas al proyecto.

“Antes de sentarse a la mesa, evidentemente todos sabían que iban a comer. Entonces hay diálogos anteriores, del campo político y del funcionamiento de las responsabilidades públicas, que es necesario conocer”, lanzó.

Correos, comunicaciones y expedientes

La comisión no solamente pretende reunir expedientes administrativos. Guzmán señaló que también solicitaron correos electrónicos y comunicaciones oficiales intercambiadas entre las distintas áreas provinciales, con el objetivo de determinar cómo circuló la información durante el proceso.

Entre las dependencias mencionó áreas vinculadas a Energía, Ambiente, Obras Públicas y Legal y Técnica.

A su vez, planteó la necesidad de conocer posibles comunicaciones mantenidas mediante WhatsApp o Telegram entre funcionarios y representantes de la empresa, aunque aclaró que la comisión no cuenta con facultades judiciales para exigir directamente ese material.

Para Guzmán, reconstruir esas comunicaciones resulta necesario para determinar qué información manejaba cada funcionario y qué vínculos existieron con LeoLabs antes, durante y después de la instalación.

Caparrós y sus exasesores

Otro de los puntos fuertes de la entrevista estuvo relacionado con la exdiputada nacional Mabel Caparrós y personas que integraron su equipo político.

Guzmán mencionó a Pablo Bilbao y otros antiguos asesores vinculados al bloque de Caparrós, quienes posteriormente habrían tenido participación en la estructura de LeoLabs en Argentina.

Para el director de Agenda Malvinas, esas relaciones deben necesariamente formar parte de la investigación.

“Es imposible no vincular” esos antecedentes, sostuvo, y lanzó: “Sería infantil no analizarlo”.

También consideró que debería ser convocado el exsecretario de Energía Moisés Solorza debido al período en el que comenzaron a aparecer las primeras actuaciones vinculadas con el suministro eléctrico del proyecto.

Según Guzmán, incluso aquellos funcionarios que no hayan firmado directamente determinadas actuaciones podrían aportar información necesaria para comprender qué se conocía políticamente sobre LeoLabs en aquellos años.

¿El radar funciona o no?

Uno de los principales interrogantes que pretende resolver la comisión tiene que ver con el estado actual del radar.

Guzmán reclamó un nuevo peritaje realizado por personal especializado para determinar si el equipamiento funciona actualmente, de qué manera puede hacerlo y si cuenta con posibilidades de ser operado o monitoreado remotamente.

“Es la duda permanente: ¿funciona o no funciona? Si no funciona, ¿por qué no funciona? Y si funciona, ¿de qué manera puede funcionar?”, planteó.

En ese punto consideró especialmente importante el testimonio de Pablo Blanco, ya que recordó antecedentes de reuniones que el exsenador habría mantenido con directivos de LeoLabs, donde se habrían exhibido capacidades de monitoreo del sistema incluso bajo determinadas condiciones de operación.

Para Guzmán, esas dudas cobran todavía mayor relevancia frente a las advertencias que en 2023 realizó el Ministerio de Defensa sobre los posibles alcances del radar en materia de seguridad nacional y defensa argentina.

Quién hizo y quién pagó las obras

La Dirección Provincial de Energía también deberá responder otros interrogantes.

Guzmán aseguró que la comisión busca saber quién realizó el tendido eléctrico desde la red de Tolhuin hasta la estancia El Relincho, quién pagó los materiales y cuántas horas de trabajo fueron necesarias para realizar esas tareas.

También puso la mirada sobre los acuerdos entre LeoLabs y el establecimiento donde se encuentra instalado el radar.

Según sostuvo, existe documentación vinculada con contratos de alquiler y transferencias financieras que deberá ser analizada para determinar cómo se materializó la relación económica entre la empresa y los propietarios del lugar.

La investigación llegará a Nación

La ronda de testimonios no quedará limitada a funcionarios provinciales.

Guzmán anticipó que entre las próximas personas que pretenden escuchar se encuentra el general Juan Martín Paleo, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien en julio de 2023 realizó fuertes advertencias públicas respecto del radar.

También mencionó al exministro de Defensa Jorge Taiana, exautoridades del ENACOM, responsables de Telecomunicaciones y al exembajador argentino en Estados Unidos Jorge Argüello, entre otros actores que tuvieron alguna participación durante el período investigado.

Para Guzmán, será particularmente importante conocer quiénes participaron en la elaboración de los informes técnicos y científicos que advirtieron sobre los riesgos que podía representar el radar para la defensa nacional.

“Una decisión política”

El veterano de Malvinas recordó que los cuestionamientos sobre LeoLabs comenzaron años atrás y que ya durante 2023 se había intentado avanzar con una comisión investigadora.

Sin embargo, sostuvo que durante mucho tiempo no existieron las condiciones políticas necesarias para avanzar con profundidad.

“Hay una decisión, al menos política, de no poner transparencia a esto que ha sucedido”, afirmó.

Guzmán vinculó la reactivación de la investigación con la iniciativa del legislador Pablo Villegas y el acompañamiento de los veteranos de Malvinas, quienes reclamaron formar parte del proceso y avanzar sobre las responsabilidades involucradas.

Remarcó además que están próximos a cumplirse cinco años desde las primeras actuaciones documentales que actualmente tienen identificadas, tomando como referencia noviembre de 2021, aunque advirtió que podrían aparecer antecedentes aún anteriores.

Para Guzmán, el objetivo inmediato de la comisión no es anticipar eventuales responsabilidades judiciales, sino reconstruir con precisión qué ocurrió en Tierra del Fuego, quiénes participaron, qué organismos intervinieron y qué decisiones permitieron que el radar de LeoLabs terminara instalado en Tolhuin.

“Me parece que es un muy buen acto de transparencia política y democrática que esta comisión se lleve adelante”, sostuvo.

La Comisión Especial Investigadora continuará con nuevas convocatorias durante las próximas semanas y tiene inicialmente plazo de trabajo hasta octubre, con la posibilidad de extender su funcionamiento si la investigación así lo requiere.