Radio FM Amistad
La Justicia argentina investiga el origen de una ametralladora FN MAG calibre 7,62 incautada en Brasil durante un operativo contra integrantes del Primeiro Comando da Capital (PCC). El arma, que presenta grabados con la inscripción "Armada Argentina", dio origen a una causa judicial que intenta determinar si perteneció a la fuerza y si pudo haber salido del Destacamento Naval de Río Grande.
La investigación comenzó luego del secuestro del arma durante un procedimiento realizado en septiembre de 2024 en San Pablo, donde fue detenido Marcelo Adelino de Moura, alias "China", presuntamente vinculado al PCC, una de las organizaciones criminales más importantes de Brasil.
Entre el arsenal incautado se encontraba una FN MAG calibre 7,62, una ametralladora de uso militar que llevaba grabados la inscripción "Armada Argentina", el escudo nacional y números de identificación que despertaron el interés de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego (UFI ARM).
A partir de la información enviada por las autoridades brasileñas, la fiscalía solicitó determinar si el arma pertenecía a la Armada Argentina y si había sido sustraída de alguno de sus destacamentos.
En una primera etapa, la investigación orientó la pesquisa hacia el Destacamento Naval de Río Grande, aunque la Armada informó a la Justicia que la ametralladora asignada a esa unidad permanece bajo su custodia y que nunca fue denunciado el robo de ese armamento.
Según la documentación incorporada al expediente, la fuerza sostiene que el arma existente en Río Grande posee únicamente el número interno de inventario 209, mientras que la secuestrada en Brasil presenta además un número de serie del fabricante, por lo que considera materialmente imposible que se trate de la misma pieza.
La causa también derivó en una discusión entre tribunales sobre qué jurisdicción debía investigar el caso.
Inicialmente, se consideró que, si el arma hubiera salido del Destacamento Naval de Río Grande, la competencia correspondía a la Justicia Federal de Tierra del Fuego. Sin embargo, ese fuero rechazó intervenir al entender que no existían elementos suficientes para afirmar que el armamento provenía de esa unidad.
Finalmente, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, a cargo del juez Roberto Hornos, resolvió que la investigación continúe en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, al considerar que todavía no está acreditado el verdadero origen del arma.
Mientras avanza la investigación, la UFI ARM solicitó nuevas medidas de prueba para verificar físicamente la ametralladora que permanece en el Destacamento Naval de Río Grande y compararla con la documentación remitida desde Brasil.
El objetivo es determinar si el arma secuestrada perteneció efectivamente a la Armada Argentina, si fue sustraída de alguna dependencia militar o si corresponde a otra procedencia.
