Iniciativa ciudadana

El proyecto de ley presentado por una asociación civil impulsa un régimen especial de transporte interurbano gratuito destinado a estudiantes de Tolhuin que cursan carreras superiores en Río Grande y Ushuaia.
Tolhuin14/07/2026Radio FM AmistadRadio FM Amistad
Bajo el argumento de garantizar el acceso a la educación superior y reducir las barreras económicas derivadas de la falta de oferta académica en la localidad de Tolhuin, la Fundación Volver a Casa TDF "Igualando Oportunidades" presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que propone crear el Régimen Especial de Boleto Interurbano de Transporte Terrestre Educativo (RBITTE), destinado a garantizar el acceso gratuito al transporte público para estudiantes de la localidad del centro de la provincia que deban trasladarse a Río Grande o Ushuaia para cursar estudios superiores.

La propuesta ingresó formalmente el 30 de junio mediante una presentación dirigida al presidente de la Legislatura, en el marco del derecho constitucional de petición. En la nota, la entidad solicita que la iniciativa sea girada a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual tratamiento parlamentario.

El proyecto establece que podrán acceder al beneficio los estudiantes regulares de carreras de grado y pregrado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), así como quienes cursen en institutos superiores de formación docente y técnica de gestión estatal provincial.

Para acceder al régimen, los aspirantes deberán acreditar domicilio permanente en Tolhuin con una antigüedad mínima de seis meses, presentar un certificado de alumno regular y una constancia de horarios o materias que justifique la necesidad de los traslados.

La iniciativa contempla la entrega de pasajes gratuitos mediante la tarjeta SUBE nominada o el sistema electrónico que utilicen las empresas prestatarias del servicio interurbano. El beneficio será personal e intransferible y prevé un máximo de 20 tramos mensuales para estudiantes con cursada presencial diaria y un mínimo de ocho tramos para quienes asistan bajo modalidades semipresenciales o semanales.

El proyecto también dispone que el beneficio quede suspendido durante los recesos de invierno y verano, salvo en los casos en que los estudiantes acrediten la necesidad de viajar para rendir exámenes finales o realizar prácticas preprofesionales obligatorias.

En cuanto a la implementación, propone que la autoridad de aplicación esté integrada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Transporte de la Provincia. Ambos organismos tendrían a su cargo la confección del padrón de beneficiarios, la firma de convenios con las empresas que operan los servicios Tolhuin-Río Grande y Tolhuin-Ushuaia y la fiscalización del correcto uso del beneficio.

Asimismo, el texto establece que el financiamiento deberá provenir de partidas del Presupuesto General de la Provincia correspondientes al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Transporte, facultando al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. En caso de ser aprobada, la ley debería reglamentarse en un plazo máximo de 60 días desde su promulgación.

En los fundamentos, la Fundación sostiene que la concentración de la oferta universitaria y terciaria en Río Grande y Ushuaia genera una desigualdad estructural para los habitantes de Tolhuin, quienes deben afrontar traslados permanentes por la Ruta Nacional N° 3 para acceder a la educación superior.

La entidad argumenta que el costo del transporte representa una barrera económica para numerosas familias y que esa situación puede derivar en el abandono de los estudios, el desarraigo o la migración hacia otras ciudades. En ese sentido, afirma que el Estado provincial debe intervenir para garantizar la igualdad de oportunidades y remover los obstáculos que dificultan el acceso a la formación profesional.

La iniciativa fue impulsada por la Fundación Volver a Casa TDF "Igualando Oportunidades", organización con sede en Tolhuin que obtuvo su personería jurídica el 27 de enero de 2026, según consta en la certificación emitida por la Inspección General de Justicia de la Provincia. El proyecto deberá ahora iniciar su recorrido legislativo para ser analizado por las comisiones y, eventualmente, debatido por la Cámara.

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