Radio FM Amistad
La situación previsional de los pasivos de la Policía y el Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego ingresó en una fase de alta tensión política tras una presentación formal ante el parlamento provincial. Un grupo de integrantes retirados de la fuerza, encabezado por Daniel Ariel Torales, Aníbal Edgardo Espósito, Alfredo José Gatti y Jorge Alejandro Herrera, entregó un relevamiento jurídico que denuncia un vaciamiento estructural del sistema. El escrito cuestiona con dureza la parálisis estatal frente al cese de las asignaciones que perciben los beneficiarios del sector.
De acuerdo con el documento ingresado, los retirados acumulan un período superior a los once meses sin cobrar los haberes compensatorios de naturaleza alimentaria. Esta interrupción en los pagos impacta directamente en el sustento de las familias vinculadas a la institución policial del antiguo Territorio Nacional. Los denunciantes sostienen que el escenario actual deriva de una serie de determinaciones administrativas que postergaron el financiamiento del régimen previsional específico en favor de otras prioridades de gestión.
El análisis técnico puso la lupa sobre el Presupuesto Provincial 2026 y señaló que el Estado omitió garantizar los aportes necesarios para la sustentabilidad de la caja. En el texto se detalla que el diseño de las partidas presupuestarias profundizó el desequilibrio financiero y la falta de cobertura de las obligaciones con los jubilados del sector. Para los peticionantes, la crisis no es un fenómeno aislado sino la consecuencia de un esquema que ha vulnerado leyes provinciales y acuerdos alcanzados entre la Nación y la Provincia.
Dentro de los fundamentos legales se mencionan posibles irregularidades relacionadas con las leyes 334, 735 y 834, además de la normativa nacional 23.775. El informe también apunta contra resoluciones internas emitidas entre 2013 y 2025, a las cuales señala como factores determinantes en el proceso de deterioro de los fondos. Ante este panorama, los exefectivos solicitaron que se lleven adelante auditorías integrales y que los organismos de control intervengan para determinar el destino de los recursos.
La gravedad del planteo generó inquietud en los pasillos de la Legislatura por las derivaciones institucionales que podría tener la denuncia. El escrito deja abierta la puerta para iniciar acciones judiciales y penales, mencionando incluso la posibilidad de activar mecanismos constitucionales contra los responsables políticos del Poder Ejecutivo. El malestar en la fuerza se evidencia además en la incorporación de casi cincuenta fojas con firmas de respaldo que acompañan el reclamo original en el expediente parlamentario.
Los representantes del sector exigen respuestas urgentes y la interpelación de los funcionarios encargados del área previsional para transparentar la administración de los fondos de seguridad. Mientras el conflicto escala en el ámbito legislativo, los jubilados policiales mantienen el estado de alerta ante la incertidumbre por el cobro de sus haberes. La resolución de este diferendo técnico y político marcará el futuro de la previsión social para los uniformados en todo el territorio provincial.
