Radio FM Amistad
El Gobierno de Tierra del Fuego oficializó la reglamentación de la Ley Provincial N° 1601 mediante el Decreto 587/26, estableciendo un marco integral para el desarrollo de la actividad acuícola. La normativa reafirma la prohibición del cultivo de salmones en el Canal Beagle y define criterios ambientales, técnicos y productivos para el sector.
El decreto, firmado por el Poder Ejecutivo provincial, fija las bases para el desarrollo de la acuicultura bajo un enfoque de “sostenibilidad” y control estatal, incorporando herramientas de evaluación ambiental y ordenamiento territorial.
Uno de los puntos centrales es la ratificación de la prohibición absoluta del cultivo, engorde o reproducción de especies salmonídeas en el Canal Beagle, sin excepciones por escala o tecnología. La medida consolida el posicionamiento ambiental de la provincia frente a una actividad que ha generado debate en los últimos años.
No obstante, la normativa habilita otras producciones hidrobiológicas, como algas, moluscos y crustáceos, siempre que cumplan con evaluaciones previas de impacto y compatibilidad ambiental.
En ese sentido, se implementa la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como requisito obligatorio para cualquier proyecto acuícola. Este instrumento permitirá analizar de manera integral los impactos ambientales, sociales y productivos, además de definir zonas aptas y criterios de desarrollo.
El esquema productivo contempla tres escalas diferenciadas:
Todos los emprendimientos deberán presentar un Plan de Manejo Ambiental, mientras que los proyectos de mayor envergadura estarán sujetos a estudios de impacto ambiental más rigurosos.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Secretaría de Pesca y Acuicultura, encargada de la evaluación, autorización, control y sanción de las actividades. Además, se prevé la articulación con otros organismos técnicos para fortalecer el monitoreo.
Otro eje relevante es la creación del Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola, orientado a la investigación, innovación y transferencia tecnológica, junto con la asignación de recursos para infraestructura, capacitación y fortalecimiento productivo.
Finalmente, el decreto establece un régimen de fiscalización permanente, con evaluaciones periódicas, revisiones anuales y sanciones ante incumplimientos, consolidando un sistema que busca equilibrar desarrollo productivo y protección ambiental.
