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Denuncian que el Tribunal de Cuentas oculta resoluciones hace más de 70 días

El escándalo por la falta de transparencia en el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego suma tensión política y abre interrogantes cada vez más incómodos: ¿por qué el organismo encargado de controlar el uso de los fondos públicos dejó de publicar sus resoluciones? ¿Qué decisiones se están tomando sin que la sociedad pueda conocerlas?
Provinciales17/04/2026Radio FM AmistadRadio FM Amistad
Desde el pasado 4 de febrero de 2026, el organismo no difunde sus Resoluciones Plenarias, acumulando más de 70 días de silencio administrativo. Lejos de tratarse de una simple irregularidad técnica, la situación ya fue denunciada ante la Fiscalía de Estado como una posible violación a la Constitución Provincial y a las leyes de acceso a la información pública.
El dato no pasa desapercibido en el plano político. El Tribunal de Cuentas es el órgano que debe auditar al poder de turno, revisar licitaciones, aprobar o rechazar gastos y detectar irregularidades. Sin embargo, hoy funciona bajo un manto de opacidad que genera sospechas: si no se publican los actos, no hay control, y sin control, el manejo de los recursos queda en la sombra.
En este contexto, crece una pregunta central que atraviesa a la dirigencia y a la sociedad: ¿qué están escondiendo?
Durante este período sin publicaciones podrían haberse definido cuestiones clave para la administración provincial: aprobación de cuentas millonarias, observaciones a contrataciones, dictámenes sobre obras públicas o incluso sanciones a funcionarios. Pero nada de eso está disponible.
La denuncia presentada es contundente y advierte que esta conducta vulnera el artículo 46 de la Constitución Provincial —que garantiza el acceso a la información pública— y el artículo 8°, que obliga a la publicidad de los actos de gobierno. También se señala el incumplimiento de la Ley Provincial 653.
Sin embargo, más allá del plano legal, el impacto es netamente político. La falta de transparencia en el organismo de control genera un efecto directo: debilita la confianza pública y deja al descubierto una posible connivencia o, al menos, una preocupante falta de voluntad para rendir cuentas.
Algunas voces incluso van más allá y deslizan una hipótesis incómoda: que este “apagón informativo” no sería casual, sino funcional a evitar que se conozcan decisiones sensibles en un contexto económico y político complejo.
El silencio oficial no ayuda a despejar dudas. Hasta el momento, el Tribunal de Cuentas no brindó explicaciones, no publicó un cronograma de regularización ni informó si se trata de un problema técnico o administrativo. Nada.
En paralelo, la denuncia exige a la Fiscalía de Estado que intervenga, obligue a la publicación inmediata de las resoluciones y determine responsabilidades. También se plantea la necesidad de que la Legislatura actúe y ejerza control político sobre un organismo que, paradójicamente, debe controlar a todos los demás.
Mientras tanto, la situación sigue abierta y con un fuerte trasfondo político: más de 70 días sin información oficial en el organismo que debería garantizarla. Un dato que no puede pasar inadvertido.
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