Otra denuncia de la Fiscalía contra autoridades de la obra social

Según el dictamen, la operación habría vulnerado la finalidad fijada por la Ley 1596, sancionada el 8 de julio y reglamentada en octubre de 2025, al destinar recursos previstos para tratamientos de alto costo al circuito general de pagos. El organismo cuestionó además que nunca se precisó qué prestaciones concretas se financiaron, lo que pone en duda que se tratara de una mera readecuación financiera.

La Fiscalía también marcó una contradicción: mientras la resolución afirmaba que no se alteraba el destino de los fondos, el dinero fue retirado de la cuenta específica. A esto sumó la falta de intervención previa de la Contaduría y la existencia de problemas estructurales de gestión.

En ese sentido, el dictamen sostiene que la urgencia invocada podría no responder a una contingencia real, sino a deficiencias como la ausencia de un padrón de pacientes y de criterios claros de compra, lo que habría derivado en adquisiciones de emergencia más costosas.

El cuadro se agrava con el nivel de endeudamiento. Al 12 de febrero, la deuda por aportes y contribuciones del Gobierno provincial ascendía a $6.942 millones, mientras que la vinculada a prestaciones RUPE superaba los $9.376 millones.

La Fiscalía recordó que ya había denunciado penalmente esta situación financiera y cuestionó que recién tras esa presentación se iniciaran acuerdos de regularización de deuda.

Con estos elementos, concluyó que la conducta podría encuadrar en malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Las decisiones previas de la OSEF

Las medidas cuestionadas se vinculan con decisiones adoptadas por la propia OSEF durante febrero. El día 27, la presidencia dispuso la transferencia de los $937 millones mediante la Resolución170/26, presentada como una readecuación financiera transitoria para atender necesidades de liquidez, con promesa de compensación en marzo.

Horas antes, se había dejado sin efecto una resolución que declaraba la “Emergencia Prestacional de Alta Complejidad”.

Esa medida, dictada a comienzos de febrero, había habilitado el uso de fondos específicos para pagar deudas con proveedores de medicamentos ante el riesgo de interrupción de tratamientos, pero luego fue revocada por considerar que existían alternativas más adecuadas.

Así, en pocas semanas, la obra social pasó de invocar una emergencia para justificar el uso excepcional de recursos a reordenar su esquema financiero, decisiones que ahora quedaron bajo análisis judicial.