
El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia cuestionó la media sanción del proyecto que reduce la edad de imputabilidad. Advirtió que implica un retroceso en derechos y desplaza el eje desde la protección integral hacia una respuesta punitiva.


El presidente de la DPP confirmó que el organismo presentó una medida cautelar para frenar la intervención y denunció que el puerto opera con personal privado, mientras los trabajadores provinciales están impedidos de ingresar.
Provinciales18/02/2026
Radio FM Amistad


El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, confirmó que el organismo solicitó a la justicia federal la suspensión inmediata de la intervención dispuesta por el gobierno nacional el pasado 20 de noviembre, al tiempo que denunció que las instalaciones continúan operando con trabajadores ajenos a la estructura provincial mientras el personal de la DPP permanece impedido de ingresar a sus puestos de trabajo.
"Hemos presentado una medida cautelar autónoma ante la justicia federal donde estamos pidiendo la suspensión inmediata del acto que ordena la intervención y volver a recuperar el dominio y el trabajo de todos los fueguinos a los que nos corresponde. Hoy estamos impedidos de ingresar a nuestra casa", afirmó Murcia.
El funcionario explicó que la acción judicial fue iniciada por la Dirección en calidad de ente descentralizado con personería jurídica propia, diferenciándose así de la demanda presentada por el gobierno provincial.
Respecto de la situación operativa del puerto, Murcia detalló que desde la noche del 20 de enero se les prohibió el acceso a las instalaciones. "Yo me encontraba con el vicepresidente, le dijimos ‘ingresemos a dialogar’ y ahí nomás nos dijeron que no, que no podíamos entrar más, que estaba intervenido, que nosotros teníamos negado el acceso", relató.
Agregó que los únicos autorizados a ingresar eran 20 personas incluidas en un listado, aunque cuatro de ellas manifestaron esa misma noche no haber prestado consentimiento para formar parte de la nómina.
El titular de la DPP cuestionó el alcance de la medida dispuesta por la dependencia del gobierno nacional, al señalar que excede el argumento de problemas operativos o de seguridad en el muelle. "¿Qué tiene que ver la plazoleta fiscal con el problema que ellos aducen que tiene el muelle?, ¿qué tienen que ver todos los espacios, los espejos de agua? Indiscutiblemente ellos vinieron para lo que hicieron el primer día, notificar a todos los operadores que debían depositar el dinero en cuentas del Gobierno Nacional. Nos están desfinanciando, es así", enfatizó.
Murcia advirtió que desde el exterior del predio pueden observar movimiento de maquinaria en la plazoleta de contenedores, tareas que antes realizaba personal propio de la Dirección y que ahora estarían siendo ejecutadas por empresas privadas. "Esa plazoleta es propiedad de la Dirección Provincial de Puertos, de la provincia de Tierra del Fuego, pero aparte era operada por el personal propio de la Dirección, con su propia maquinaria, y hoy estamos viendo que esos trabajos lo está haciendo un privado", indicó.
El funcionario reveló que, ante la imposibilidad de acceder a los ingresos generados por la operación portuaria a partir del 21 de noviembre, se ha visto obligado a utilizar los fondos destinados a obra de infraestructura para abonar los salarios del personal, a excepción de los 16 agentes que permanecen trabajando para el organismo nacional. "Le estoy reclamando ese dinero a la ANPyN, porque justamente el trabajo del área logística es lo que a mí me provee de fondos para poder seguir adelante con todo el trabajo", sostuvo.
Finalmente, Murcia confirmó que la Dirección se encontraba en proceso de adquisición de nuevas defensas para el puerto, con un proveedor japonés, y advirtió sobre las dificultades para acceder al dólar y poder cumplir con esos compromisos internacionales.



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