Radio FM Amistad
Mientras la sociedad fueguina procesa la renuncia del ministro de Economía, Francisco Devita, una resolución firmada en los últimos días de diciembre expuso con crudeza las prioridades de la gestión saliente: asegurar fondos para la estructura política del Poder Legislativo, aun a costa de los servicios básicos del Estado.
A través de la Resolución M.E. N° 1095/25, el entonces titular de la cartera económica autorizó una reasignación presupuestaria por 720 millones de pesos, trasladando fondos desde la partida de “Servicios No Personales” —destinada a limpieza, mantenimiento, alquileres e insumos— hacia la partida de “Personal”, que cubre sueldos y dietas de la Legislatura provincial.
La maniobra, técnica en su forma pero polémica en su contenido, se realizó el 17 de diciembre, con el ejercicio fiscal 2025 prácticamente cerrado. Este detalle no es menor: al ejecutarse sobre el final del año, la decisión quedó fuera de cualquier control real, tanto legislativo como ciudadano, convirtiéndose en un hecho consumado.
En términos prácticos, la reasignación garantiza recursos para salarios y posibles aumentos, pero deja desfinanciados a proveedores de servicios esenciales. Es decir, los sueldos se aseguran; los servicios, no.
El contraste con el discurso público del propio Devita resulta llamativo. Meses atrás, el ministro sostenía que “no se podía comprometer el Tesoro Provincial”. Sin embargo, el Tesoro sí fue comprometido cuando se trató de reforzar la caja política del Poder Legislativo antes de su salida.
Además, el impacto de esta decisión no termina en 2025. Los sueldos reforzados con esta partida se pagan en enero de 2026, lo que implica que la nueva gestión heredará la presión financiera, mientras que las deudas con proveedores quedarán como pasivo para el Estado. Precio que ya se hizo ver al tener deuda con empleados públicos, tanto de planta como contratados.
En una provincia atravesada por la crisis económica, con hospitales desfinanciados, escuelas con problemas de infraestructura y una obra social estatal en emergencia, la reasignación de 720 millones de pesos hacia la estructura política plantea una pregunta incómoda: ¿sobran recursos para los servicios públicos, pero faltan para los sueldos del poder?
La resolución no es solo un trámite administrativo. Es una señal política. Marca el cierre de una gestión que eligió blindar a la Legislatura antes de retirarse, dejando a la ciudadanía con servicios recortados y cuentas por pagar.
Mientras el discurso oficial habla de responsabilidad fiscal, los hechos muestran otra cosa: prioridades invertidas, decisiones de último momento y una herencia financiera que vuelve a caer sobre los fueguinos.
La sociedad merece explicaciones claras, no solo resoluciones firmadas entre gallos y medianoche.
