IPRA: crónica de un organismo “explotado” y la impunidad del poder que se retira sin rendir cuentas

El Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) atraviesa la crisis institucional más profunda de su historia. Lo que durante el segundo semestre de 2025 comenzó como denuncias por nepotismo, amiguismo y violencia laboral, hoy expone un entramado de impunidad política, desmanejo financiero y connivencia de los organismos de control, que permitió a su ex presidente retirarse sin rendir cuentas. 

A principios de noviembre de 2025, Antonio Arosteguichar abandonó la presidencia del IPRA por la puerta de atrás, dejando detrás un organismo virtualmente colapsado, con deudas millonarias, juicios perdidos y una planta de personal inflada. Sin embargo, lejos de una reacción inmediata del Estado, lo que siguió fue silencio, dilación y encubrimiento administrativo.

Un sumario que llega cuando el “pájaro voló”

La reciente Resolución RES-1040-2025, fechada el 9 de diciembre de 2025, ordena iniciar una investigación sumaria por presuntas irregularidades y hechos de violencia laboral denunciados por una agente del instituto. El problema es evidente: la medida llega cuando el principal responsable político ya no ocupa el cargo.

La pregunta es inevitable: ¿A quién se pretende investigar ahora que Arosteguichar está en su casa, fuera del alcance del escrutinio público?

Mientras tanto, la Fiscalía de Estado acumula más de cuatro meses de silencio frente a las denuncias por nombramientos irregulares de familiares directos —sobrinos, pareja y allegados— incorporados a planta permanente. El IPRA quedó acéfalo, administrado de manera precaria por un Secretario Administrativo a cargo de la Presidencia, obligado a gestionar los restos de una estructura que explotó por los aires.

El costo del desmanejo: más de $4.000 millones y un botín político

El legado de Arosteguichar no se limita al nepotismo. Los números que hoy salen a la luz son escandalosos para las arcas públicas:
Juicios perdidos: Tras 12 años de litigio contra el dueño del Casino Status, la Justicia falló en contra del IPRA. El impacto económico es devastador:
Más de $3.000 millones en capital.
Cerca de $1.000 millones adicionales solo en honorarios profesionales.

Un golpe financiero letal que nadie en el Gobierno explica.

Planta inflada y fuga de recursos: El IPRA cuenta con 94 empleados en planta permanente entre Ushuaia y Río Grande, convirtiéndose en una verdadera agencia de colocación política.

A esto se suma un dato aún más grave: más de 15 agentes adscritos a otros organismos, cuyos salarios sigue pagando el instituto.

Entre los destinos figuran despachos de peso:

Personal que el IPRA paga pero no utiliza, mientras el organismo se hunde financieramente.

El “brazo derecho” y el blindaje político

Para entender por qué Arosteguichar se retiró sin consecuencias, hay que mirar el mapa del poder. El ex presidente del IPRA no fue un funcionario aislado, sino el histórico brazo derecho del legislador Pablo “Loly” Loffler.

Fue su secretario personal y tesorero del MPF (Lista 54). Esa pertenencia política explica, en gran medida, la parálisis de los organismos de control y el blindaje institucional.

El sistema funcionó a la perfección:
Designaciones irregulares.
Juicios millonarios perdidos.
Denuncias laborales.
Y un retiro cómodo, sin explicaciones públicas ni responsabilidades asumidas.

¿Habrá justicia o solo archivo?

La designación del Sr. Ángel Criniti como instructor del sumario aparece como un gesto tardío para simular transparencia. Pero en una provincia donde la política suele cubrirse las espaldas, el sabor que queda es amargo.

El IPRA, un ente que debería generar recursos para la acción social, hoy es noticia por ser símbolo de desprolijidad, nepotismo e impunidad.

Mientras tanto, el hombre que firmó designaciones familiares y fue testigo de la pérdida de miles de millones de pesos descansa en su hogar, recordando que en la política fueguina, muchas veces, el que se va no paga los platos rotos.