Raúl Aciar advirtió sobre el “deterioro institucional” en Tierra del Fuego

El reconocido abogado Raúl Aciar volvió a plantear una dura mirada sobre la actualidad política e institucional de Tierra del Fuego, a raíz del pedido de juicio político presentado contra el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Löffler, y del anuncio del gobernador de avanzar con la reforma constitucional.
En diálogo con Radio Provincia, Aciar consideró que ambos hechos “exponen el nivel de deterioro institucional al que se ha llegado” y advirtió que “la provincia vive una etapa de enfrentamientos entre poderes que nada tienen que ver con el interés de la sociedad”, dijo en declaraciones a Radio Provincia.
“El pedido de juicio político no es más que otra batalla entre políticos, donde se entremezcla lo judicial con lo partidario. Es un proceso enfermizo, porque no busca justicia, sino disciplinamiento. No hay intención de generar consensos, ni de fortalecer las instituciones; esto se ha convertido en una pelea de poder sin sentido”, afirmó el letrado, al ser consultado sobre la presentación realizada por el abogado Francisco “Yuri” López, promoviendo la destitución del magistrado.
Aciar advirtió que no existen fundamentos serios para sostener la acusación y que el mecanismo “está siendo utilizado como arma política”, dijo, al tiempo que agregó que “si alguien cree que por un juicio político con estos motivos se va a destituir a un juez, está desubicado. Para eso existen los canales institucionales, el diálogo y los consensos. No se puede transformar la Constitución ni el Consejo de la Magistratura en un campo de batalla”, señaló.

Críticas a la reforma constitucional: “No se puede toquetear una estructura vertebral por conveniencia política”

El abogado fueguino también se refirió a la decisión del Ejecutivo de avanzar con la convocatoria a la reforma de la Constitución Provincial, tras el anuncio realizado por el gobernador Gustavo Melella.
Aciar sostuvo que el proceso “carece de prolijidad y de fundamentos sólidos”, y que detrás del discurso modernizador “subyace una intención política que la ciudadanía ya identifica claramente”.
“Una Constitución es la estructura vertebral de una provincia. No se cambia porque viene el verano o porque conviene políticamente hacerlo. Está hecha para durar en el tiempo. Nuestra Carta Magna tiene apenas treinta años de vigencia, lo que es poco en términos institucionales. Las reformas no pueden justificarse en coyunturas ni en reelecciones encubiertas”, sostuvo.

Además, criticó el contenido de la ley que declara la necesidad de la reforma, al considerar que “incluye un número exagerado de artículos sin justificación ni claridad”. Según explicó, “ni siquiera se sabe si la convención estará limitada a lo dispuesto por la ley o si será soberana, lo que anticipa un proceso desordenado desde su origen”.

“El problema es político, no jurídico”

Aciar también reflexionó sobre la creciente distancia entre la sociedad y la clase política, y vinculó este malestar con el desgaste de las instituciones.
“Hay un enorme descreimiento. La gente ve que la política se pelea entre sí, que los jueces son elegidos por los políticos, y que nada de esto mejora su vida cotidiana. Los cortes de energía, los problemas en la educación o los servicios públicos no se solucionan con una reforma constitucional. El Estado hace agua en sus tres poderes”, sostuvo con dureza.
En ese sentido, apuntó que la crisis institucional “no se resuelve modificando la Constitución”, sino “con funcionarios que se pongan la camiseta de servidores públicos y trabajen con honestidad y responsabilidad”.

Advertencia sobre el desgaste institucional

Finalmente, Aciar alertó que la combinación de disputas políticas, juicios cruzados y reformas forzadas está generando “una pérdida de tiempo, energía y credibilidad institucional” que será difícil de recomponer.
“Nada de esto es casual. Hay revanchas, maniobras de disciplinamiento y heridas políticas mal cerradas después de las elecciones. Pero este no es el camino. Lo que se está destruyendo es la casa en la que vivimos todos los fueguinos”, advirtió.
Para el abogado, el escenario actual requiere “madurez política y voluntad de diálogo”.
“Las instituciones deben servir a la gente, no a las peleas entre dirigentes. Si los poderes se convierten en un cuadrilátero, perdemos todos”, concluyó.