Demoraron e imputaron a una médica del Hospital por negarse a firmar un certificado de defunción

Una médica del Hospital Regional Río Grande fue demorada e imputada penalmente luego de negarse a emitir un certificado de defunción requerido por la Justicia, tras el hallazgo de un hombre sin vida en su domicilio de calle Alberdi 56, de Río Grande.
 

El hecho ocurrió este miércoles al mediodía, cuando un vecino de 60 años fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda. Personal policial realizó los peritajes correspondientes y descartó signos de criminalidad, determinando que la muerte había sido producto de complicaciones médicas derivadas de una infección en una herida del pie que le provocó una gangrena y un paro cardiorrespiratorio.

La profesional identificada como doctora Amalia Valdivia, quien acudió al lugar desde la guardia hospitalaria, se negó a extender el certificado de defunción, documento indispensable para que la Justicia pueda liberar el cuerpo a los familiares una vez descartado el delito.

Durante varias horas, tanto autoridades policiales como judiciales solicitaron la firma del certificado, pero la médica mantuvo su negativa, incluso luego de recibir una orden judicial.

A pesar de los intentos de sus superiores y de funcionarios del hospital para que cumpliera con el procedimiento, Valdivia insistió en su postura, lo que derivó en su demora en el servicio de Emergencias y posterior traslado a la Comisaría Primera.

Desde el Juzgado de Instrucción de turno, la profesional fue notificada de derechos y garantías en el marco de una causa por los delitos de “desobediencia a una orden judicial” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Finalmente, ante la imposibilidad de que otro médico firmara el documento —ya que solo Valdivia había constatado el deceso—, la Justicia convocó al perito forense del Poder Judicial, quien realizó la autopsia correspondiente y emitió el certificado, permitiendo así la entrega del cuerpo a los familiares, que aguardaron durante varias horas.

El episodio generó malestar entre las autoridades policiales y sanitarias, que remarcaron la importancia de cumplir los protocolos legales en estos casos para evitar demoras y perjuicios a las familias.