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Condenaron a Julio De Vido por compras irregulares de GNL durante el kirchnerismo
El Tribunal Oral Federal N° 7 declaró culpables al exministro de Planificación y a otros dos acusados.
Politica01/10/2025
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El Tribunal Oral Federal N° 7 condenó este martes al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, a su exsubsecretario Roberto Baratta y al empresario Nicolás Dromi San Martino por irregularidades en la compra de gas natural licuado(GNL) durante el gobierno kirchnerista. La investigación judicial reveló que se realizaron adquisiciones sin procedimientos competitivos y mediante intermediarios privados, en perjuicio del Estado.
Julio De Vido recibió una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, mientras que Baratta fue condenado a tres años y seis meses. Dromi, director ejecutivo de Diligentia S.A., obtuvo una condena de tres años en suspenso como partícipe necesario. Aunque las penas son de cumplimiento efectivo, no se ordenó la detención inmediata hasta que el fallo quede firme.
La causa se originó en maniobras detectadas en la adquisición de 11 buques de GNL entre 2008 y 2009, por un monto superior a los 380 millones de dólares. El tribunal ordenó además la restitución solidaria de 5.523.345 dólares más intereses. De ese total, 4.791.600 dólares deberán ser devueltos entre los tres condenados, mientras que De Vido y Baratta afrontarán otros 731.744 dólares adicionales por su cuenta.
El fallo fue pronunciado por el juez Enrique Méndez Signori junto a los magistrados Germán Castelli y Fernando Canero, quienes la semana pasada habían absuelto a De Vido en otra causa conocida como “Mamá Corazón”. En este proceso, en cambio, los jueces consideraron probadas las irregularidades administrativas en el manejo de fondos públicos y el uso de intermediarios para compras energéticas.
La fiscal Fabiana León sostuvo que desde el Ministerio de Planificación Federal se orquestó una defraudación “funcionalmente coordinada” mediante pagos “contrarios al interés público, arbitrarios e innecesarios” a empresas intermediarias. Las firmas involucradas fueron Diligentia, Dysan e YPF, en el marco del Programa Energía Total (PET), que se había creado en 2007 para enfrentar el déficit energético tras el fin de las exportaciones de gas a países vecinos.
La investigación detectó que no hubo licitaciones públicas ni procedimientos competitivos. Enarsa, la empresa estatal responsable de las compras, actuó como intermediaria pasiva en lugar de gestionar directamente, como lo establecía la normativa del PET. La falta de un reglamento interno de contrataciones fue considerada “el centro del mecanismo fraudulento” que permitió discrecionalidad en el manejo de fondos públicos, según la acusación.
La denuncia original fue presentada por los entonces diputados de la oposición Patricia Bullrich, Laura Alonso y Federico Pinedo. El expediente estuvo vinculado inicialmente al caso Cuadernos, que investigó una red de corrupción durante el kirchnerismo. Aunque en un primer momento se analizaron supuestos sobreprecios en compras realizadas entre 2008 y 2015, finalmente el juicio se centró en las maniobras de intermediación de once cargamentos.
Seis de estos cargamentos fueron gestionados por YPF y vendidos por Repsol Comercializadora de Gas S.A. por un total de 267.935.139 dólares. Los cinco restantes se adquirieron a través de Diligentia y Dysan, empresas de los Dromi, por 112.475.792 dólares.
Las comisiones y honorarios de intermediación alcanzaron 5.523.345 dólares, que ahora deberán ser restituidos. La fiscalía concluyó que no existió un servicio técnico o contractual que justificara esos pagos.
Dromi San Martino, hijo del exministro menemista Roberto Dromi, recibió además la obligación de realizar un curso de “lineamientos de integridad y ética pública para el sector privado”. Su padre había sido procesado en la misma causa pero falleció antes del juicio, al igual que Exequiel Omar Espinoza, expresidente de Enarsa.
Los fundamentos completos del fallo se conocerán el 28 de noviembre. La resolución representa un nuevo revés judicial para De Vido, quien enfrenta múltiples causas vinculadas a su gestión durante el kirchnerismo.
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