Elecciones constituyentes

Luego de que el Superior Tribunal de Justicia apartara por unanimidad al juez Ernesto Löffler por la retención injustificada del expediente en trámite, el proceso judicial que debe definir el futuro de las elecciones constituyentes ingresó en su fase final. La convocatoria a acuerdo por parte del Tribunal, confirmada este lunes, deja en claro que el fallo es inminente.

El expediente en cuestión se había paralizado durante semanas, en medio de denuncias de prejuzgamiento, falta de imparcialidad y demoras injustificadas. Sin embargo, con el Tribunal ya reintegrado sin el juez recusado y con la habilitación extraordinaria de la feria judicial, el Superior Tribunal resolvió avanzar en la resolución del caso que mantiene en vilo a la política fueguina.

Los jueces señalaron expresamente que se trata de un asunto de “innegable interés público” y remarcaron que existen tres pedidos formales de pronto despacho, lo que refuerza la necesidad de una definición sin más dilaciones. A esto se suma que, a raíz del contexto institucional, se habilitó el tratamiento del expediente durante el receso judicial de invierno, una medida poco frecuente y reservada para causas de alta sensibilidad.

La decisión de convocar al acuerdo implica que el Tribunal ya se encuentra en condiciones de deliberar y emitir sentencia. Es decir, el análisis de fondo sobre la validez del proceso electoral impulsado por el Gobierno para reformar la Constitución podría resolverse en los próximos días.

Así, tras una etapa marcada por idas y vueltas en el máximo tribunal y las tensiones entre poderes, el Superior Tribunal se prepara para dar una respuesta definitiva. El fallo será determinante no solo para el proceso constituyente, sino también para la legitimidad institucional de una provincia que ingresó, inéditamente, en una peligrosa zona de debate sobre sus propias reglas de juego.

En paralelo al avance del proceso judicial de cara al dictado de la sentencia, en los últimos días comenzó a desplegarse una evidente campaña de desinformación, articulada mediante sitios web anónimos y perfiles falsos en redes sociales, con el objetivo de desacreditar públicamente a ciertos magistrados del Poder Judicial provincial.

Esta maniobra, basada en la circulación de noticias falsas, coincide con un intento de agitar internamente el clima en los tribunales, mediante la instalación de rumores anónimos que buscan generar malestar dentro del sindicato de trabajadores judiciales. Tanto la ofensiva mediática como las acciones gremiales parecen estar vinculadas a una de las facciones en pugna dentro de la propia estructura judicial fueguina.