La mina de carbón santacruceña es parte de las empresas autorizadas a ser vendidas por la Ley Bases; pero la Casa Rosada insistirá en desprenderse de otras compañías 24 de febrero de 2025
Politica24/02/2025
Radio FM Amistad
Tras hacerlo con el Banco Nación, el Gobierno dispuso la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima y otros 60 organismos podrían seguir el mismo camino. La medida fue publicada en el Boletín Oficial el lunes a la medianoche en el decreto 115/25.
Con esto, la empresa nacional ubicada en Santa Cruz está un paso más cerca de ser privatizada, algo que está contemplado en la Ley Bases. YCRT es una de las nueve empresas –el Gobierno había propuesto 41– que quedaron en la lista de privatizables.
Si bien el paso de YCRT de sociedad del Estado en sociedad anónima es uno más en la larga lista que tiene el Gobierno, desde Balcarce 50 hubo recaudos especiales con el gobierno provincial, que encabeza Claudio Vidal. El santacruceño tiene buena sintonía con la jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, y su administración fue informada previamente sobre el decreto que se publica este lunes, según explicaron fuentes de la Casa Rosada.
YCRT es un ícono del kirchnerismo en Santa Cruz y también eje de fuertes controversias por su funcionamiento deficitario y las inversiones millonarias que recibió durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Su caso tiene poco que ver con el Banco Nación, cuya transformación fue comunicada sorpresivamente por el Gobierno en medio de un raid de anuncios que buscaron quitar el foco de atención sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.
En diciembre se conoció un informe lapidario de la Sindicatura General de la Nación sobre el funcionamiento de YCRT. Al cierre del tercer trimestre de 2024, YCRT tuvo un resultado económico negativo de $8728 millones pese a haber recibido fondos nacionales por $53.837 millones. Según la SIGEN, su déficit operativo fue de $62.565 millones en los primeros nueve meses del año. Según estimaciones del Gobierno, el déficit final de 2024 se ubicará entre los 80 y 100 millones de dólares. En 2023 había sido de 140 millones de dólares.
La planta de YCRT tiene unos 2100 empleados, en gran medida administrativos. La ciudad de Río Turbio vive alrededor del funcionamiento del yacimiento y de la Central Termoeléctrica, en la que el kirchnerismo invirtió sumas millonarias y por las que enfrentó varias denuncias en tiempos de la administración macrista.
En 2004, en el lugar fallecieron 14 mineros al quedar atrapados cuando se produjo un derrumbe seguido de incendio.
Desde octubre del año pasado, el interventor de YCRT es Pablo Sebastián Gordillo Arriagada, exgerente general de Servicios Públicos Sociedad del Estado en esa provincia y hombre de confianza del gobernador Vidal. Su llegada al cargo se produjo luego de que el presidente Javier Milei echara a Thierry Decoud, en el marco de una investigación por presunto “pedido de coimas”.
La denuncia contra Decoud había sido presentada por el gobierno de Santa Cruz, tras un presunto pedido de coimas de dos intermediarios entre la minera y la empresa Tegi Limited, que estaba en negociaciones para comprar carbón.
El Gobierno hizo saber que hay interesados en comprar la mina y deslizó que las ofertas por adquirirla rondan los US$400 millones. Hace un mes, sin embargo, la firma intentó subastar a través del Banco Ciudad 30.000 toneladas de carbón, pero la operación se cayó por falta de oferentes.
A principio de febrero, fuentes gremiales aseguraron que ya hay acopiadas 45.000 toneladas en el Puerto de Punta Loyola, listas para ser comercializadas, y culpan a las diferentes intervenciones por no haber concretado negocios. Desde la Junta Interna de ATE Punta Loyola han remarcado la postura de defensa irrestricta de la empresa “en manos de los trabajadores”, y señalaron a través de un comunicado que “2024 fue un año de ajuste y vaciamiento”. Y completaron: “Hoy el ajuste está potenciado por el intento privatizador”.
Tras el fracaso de la subasta, el interventor Gordillo Arriagada aseguró en diálogo con la prensa que la decisión del gobierno nacional era convertir a la empresa en una sociedad anónima. “En YCRT, la idea es una privatización parcial, con una figura que mantenga la mayoría accionaria en manos del Estado, pero con participación de los gremios y los trabajadores”, detalló el mes pasado.
El interventor le presentó al gobernador Vidal una propuesta de reactivación de la usina de 240 MW, que tiene como principal estrategia la posibilidad de generar energía a requerimiento de la provincia. Mientras tanto, desde el gremio como desde los sectores kirchneristas se oponen a la privatización de YCRT.
Según pudo reconstruir LA NACION, el Gobierno tiene bajo análisis otras 60 empresas que podrían seguir el mismo camino del Banco Nación e YCRT. No solo hay empresas públicas que pasarían de sociedad del Estado a sociedades anónimas, sino también otras “unidades productivas” o “unidades de negocios”, incluso dentro de una misma empresa pública, o “intercompañías”, que podrían seguir ese curso y estar más cerca de pasar a manos privadas o cerrarse. Otra opción es que las adquieran las provincias.
El área de privatizaciones quedó a cargo de Diego Chaher, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.
Para la administración libertaria, los pases a sociedades anónimas son sinónimo de “saneamiento” y “orden”, e implican “balances de inventarios, administraciones más responsables, estándares de transparencia y saneamiento de déficits, así como rendir cuentas ante la Inspección General de Justicia (IGJ)”. Según definió una fuente al tanto de los pormenores, tiene que ver con “normalizar el estatus jurídico de empresas públicas que en muchos casos tenían grises”. También la puesta a punto necesaria para que, eventualmente, esas empresas salgan a la venta.
En las filas libertarias se muestran convencidos de que el déficit que muchas veces generan parte de las empresas públicas “impacta” en las arcas del Estado y “no acompañan los esfuerzos que se están haciendo para bajar la inflación”.
El Gobierno mantiene la idea de avanzar con las privatizaciones incluso de aquellas empresas que quedaron afuera de la Ley Bases. Mencionan los casos de Tandanor y el Correo Argentino, Enarsa, AySA, Intercargo y Sofse.
“Privatizar no es castigar”, dicen en las filas del Poder Ejecutivo, y agregan: “Los privados no son malos. Hay que terminar con esa visión. Lo que tiene que haber son buenas administraciones”.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron el beneficio del arresto domiciliario concedido a la ex presidenta en la causa Vialidad, por lo que la decisión será ahora de la Cámara Federal de Casación.
El Intendente de Tolhuin rompió el silencio sobre la denuncia penal que lo involucra por presunta usurpación de una vivienda y aseguró que la decisión fue recuperar un terreno “abandonado” para donarlo a un centro de jubilados. Apuntó contra la “intencionalidad política” detrás de la causa.
A partir del anuncio de sesión especial en el Concejo Deliberante para este martes, Belén Monte de Oca pidió formalmente que se de cumplimiento a la Carta Orgánica Municipal; que establece que la convocatoria debe ser realizada por el Intendente (artículo 152°); y advirtió que “la normativa es clara y está para cumplirse, más allá de las interpretaciones forzadas que intenten imponer”.
La Municipalidad fortalece su red sanitaria con 15 centros de atención, 206 profesionales y más de 125.000 prestaciones en seis meses, mientras persiste la demora en un convenio con OSEF para afrontar la creciente demanda.
La convocatoria prevé el tratamiento de un convenio firmado entre la Municipalidad –a través del Instituto Municipal de Deportes- y la Administración de Parques Nacionales, que requiere ratificación legislativa. El documento establece que el Instituto tendrá a su cargo el cobro de acceso al Parque; atención a visitantes y mantenimiento de las instalaciones.
Moira Fullana hizo lugar a un amparo de la CGT y consideró inválidos dos artículos de esa norma. Ya había dictaminado lo mismo ante un amparo de ATE y luego contra el Gobierno por el asueto del Día del Trabajador del Estado
Así lo sostuvo el Legislador Provincial Matías Lapadula al referirse a la situación de la Obra Social del Estado Fueguino. Dio detalles del nuevo proyecto oficial presentado que, además de declarar la emergencia económica, plantea cambios radicales en el tema de lo que significan los aportes y contribuciones. El Parlamentario advirtió inconsistencias en algunas cuestiones como por ejemplo el déficit de la obra social.
Los formoseños concurrieron a las urnas para elegir a los legisladores, concejales y representantes convencionales para reformar la Constitución local. El gobernador Gildo Insfrán logró un nuevo triunfo frente a la división de la oposición
Con el mismo porcentaje de mesas escrutadas en la ciudad de Rosario se obtuvieron los siguientes números para convencionales constituyentes:
El oficialismo se ubicó como la opción más elegida en el acto electoral que definió a los convencionales constituyentes que reformarán la Constitución provincial
Empresarios pymes lanzarán su propio programa de financiamiento en cuotas con tasas competitivas para apuntalar las ventas tras el vencimiento del programa “Cuota Simple”.
El legislador del MPF presentará “a más tardar el jueves” un proyecto de ley que busca reglamentar las desobligaciones docentes. Afirmó que se trata de “paros encubiertos” y que el gobierno tiene las herramientas para solucionar esta situación, pero “es un gobierno timorato y cómplice”. “Tenemos una dirigencia sindical que, abrazada a su arrogancia, a su soberbia y a la mentira, hace un uso abusivo de los derechos que le reconoce la Constitución”, sentenció. Los legisladores oficialistas son los que deben permitir que se habilite el debate y prevé convocar a los defensores de los derechos de los niños. De declararse ilegales las obligaciones, habrá consecuencias para los docentes y sanciones al sindicato.
La legisladora Natalia Gracianía expresó su preocupación por el “adoctrinamiento” que pretende el Ministerio de Educación, a partir de los contenidos que bajó a los docentes, para que inculquen a los niños de jardín de infantes, primaria y secundaria. Incluye la enseñanza de lenguaje inclusivo y contenidos vinculados con el colectivo LGTB.
La mesa técnica de la Casa Rosada publicará la medida en el Boletín Oficial en los próximos días. Forma parte de la reestructuración de organismos públicos que dependen del Ministerio de Economía.