Buscan facilitar el acceso al crédito para construcción de viviendas

El secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, admitió que el desfinanciamiento de obras de nación trajo complicaciones en su área con la caída de programas importantes que apuntaban tanto a la entrega de viviendas como al desarrollo de infraestructura de servicios para urbanizaciones existentes y nuevas urbanizaciones.

Admitió que “ha sido un año complejo” para su cartera. Entre las obras que se vieron afectadas citó la segunda etapa de la urbanización  General San Martín. En 2023 el municipio había presentado, a distintos ministerios, el proyecto de infraestructura que estaba valuado en más de 4 mil millones de pesos y que involucraba el tendido de servicios internos y las aperturas de calles. “Ese intento de proyecto de obra quedó paralizado. Lo mismo sucedió con las 120 viviendas del Procrear, ante la disolución del fondo fiduciario. El proyecto de departamentos que teníamos para trabajar en cogestión quedó en la nada”, dijo y agregó que otro de los proyectos que quedó trunco fue el de la obra de agua y cloaca del KyD. 

“Veníamos con esa expectativa para este 2024 y en función de ello hemos tenido que ser un poco más creativos, gestionar aún más y hemos definido con algunas entidades trabajar en cogestión en infraestructura de la etapa dos del San Martín. Vamos a trabajar este verano en algunos convenios con las entidades. Ver si podemos resolver una normativa que pueda crear un fondo específico para que podamos en conjunto definir la obra de infraestructura de ese sector”, comunicó.

Frente a este panorama, el funcionario explicó que la municipalidad empezó a resolver cuestiones que tenía pendientes vinculadas a actas de intención que había rubricado años atrás con diversas entidades. “La decisión del intendente fue resolver la cuestión de lotes para los empleados municipales y ahora estamos en un proceso posterior que tiene que ver con cómo ayudamos a esas familias a las que se le entregaron lotes para que puedan construir sus viviendas”, indicó.

Ferreyra subrayó que son más de 400 los lotes entregados y que lo más difícil para las familias es concretar la construcción de sus casas.

En función de esto se proyecta la modificación de la ordenanza 5055, que regula el otorgamiento de tierras fiscales  en la ciudad.  En este sentido se busca avanzar en la entrega de créditos de parte del banco Hipotecario y del banco Macro. No obstante, los trámites administrativos se ven retrasados debido a que las entidades crediticias exigen la presentación del título de propiedad de la vivienda de parte de los solicitantes. “Las entidades necesitan el título de propiedad. Nosotros les explicábamos que lo nuestro es a la inversa. Para que puedas tener tu título de propiedad tenés que construir. Estamos en un ida y vuelta viendo si pueden tomar los decretos de adjudicación”, comentó en este aspecto.

Ferreyra informó que se ha hablado con algunos concejales sobre la posibilidad de modificar la 5055 en la primera sesión del año que viene. Anticipó que una de las opciones radica en anexar algún articulado para que a aquellas familias que puedan ser pasibles de un crédito hipotecario se les otorgue un título de propiedad hipotecable. “Veremos técnicamente cómo lo hacemos pero por una cuestión normativa no podemos dejar a las familias sin la posibilidad de que tengan un crédito hipotecario para poder construir”, remarcó.

El secretario reveló que ha dialogado con los concejales del bloque del Partido Justicialistas aunque entendió que es una situación que atraviesa a todo el cuerpo deliberativo. “Estamos resolviendo la vida de las familias de la ciudad entonces no creo que haya algún tipo de impedimento”, resaltó y añadió que tanto la Secretaría Legal y Técnica como la Escribanía Municipal están trabajando en las cuestiones técnicas de la normativa para presentarla apenas inicie el ciclo legislativo del año que viene, en pos de que pueda tener estado parlamentario y pueda ser tratada en la primera sesión del 2025.

El objetivo final es “ajustar la situación normativa a lo que necesitan las familias” para que aquellas que tengan la capacidad económica de obtener un crédito hipotecario puedan contar con el instrumento legal que solicitan tanto la banca privada como la estatal.