Alrededor de $2,3 millones surgieron del cierre de causas tramitadas en el Juzgado Federal de Río Grande, por infracción al Asilamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). En todos los casos se otorgó al infractor la opción de pagar una multa, consistente en donativos, para evitar de esa manera una condena penal.
Rio Grande09/01/2021
Radio FM Amistad
Con el pago de multas, consistente en donaciones a entidades de bien público, al Hospital y al Municipio; fueron cerradas las causas que fueron instruidas en el Juzgado Federal de Río Grande, por violación al Decreto de Necesidad y Urgencia 641/2020 que dispuso el Asilamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO); en los primeros meses que se declaró la pandemia Covid-19.
Mientras estuvo vigente el ASPO, la circulación de personas que no era considerada esencial y que no contaba con un permiso oficial para poder hacerlo, quedó imputada en causas por violación a los artículos 205 y 239 del Código Penal, y por lo tanto se instruyeron expedientes en el Juzgado a cargo de la Jueza Federal Mariel Borruto.
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En las causas que llegaron a poder de la Jueza Borruto, resolvió cerrar las causas dando opción a los infractores que en forma voluntaria paguen una multa, de manera que las mismas no sean resueltas con el dictado de una condena, generando un antecedente penal a los ciudadanos imputados.
Las multas aplicadas consistieron en un donativo a entidades de bien público, que debieron afrontar los infractores, los que tuvieron la opción de aportar dinero en efectivo, hasta la suma de 30 mil pesos, o comprar los productos o bienes que necesiten la entidades, por ese mismo monto. De todas maneras, la Jueza Borruto tuvo en cuenta la condición social de las personas implicadas en las causas, como también la gravedad del hecho cometido.
De acuerdo a lo que se informó desde el Juzgado Federal, con el cierre de los casos se obtuvieron alrededor de $2,3 millones de los cuales $1.000.000 fueron destinados a insumos para el Hospital Regional Río Grande; $100.000 para insumos sanitarios que fueron entregados al Asilo de Ancianos y $1.200.000 fueron entregados al Municipio para asistir a los comedores comunitarios que funcionan en la ciudad.
una médica del Hospital fue demorada e imputada por negarse a firmar un certificado de defunción. La Justicia le inició una causa penal.
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