Radio FM Amistad
El Ministerio de Finanzas Públicas elaboró un informe detallando los recursos transferidos a los municipios, cuya premisa es “continuar brindando, a los Municipios y a la comunidad, certeza de que se está cumpliendo con las normas vigentes y que dichas instituciones reciben fondos coparticipables a un ritmo que en ningún momento afecta su normal funcionamiento”.
En primera instancia se informa que durante los primeros dos meses del año se han transferido 1.952 millones de pesos a los Municipios, mientras que en el 2020 se transfirieron más de 8.200 millones. Totalizando esto una cifra superior a los 10.100 millones de pesos desde la asunción de la actual gestión del Gobernador Gustavo Melella.
En este sentido, es factible concluir que en apenas dos meses de este año se ha transferido un equivalente al 23% de lo remitido en 2020.
Por otro lado, se recalca que, a la fecha, el Gobierno de la Provincia no tiene deuda con los Municipios como consecuencia de la suscripción de los decretos de saldos definitivos mensuales, abonando los mismos conforme a las normativas vigentes.
Es importante remarcar que las transferencias por coparticipación a los Municipios experimentaron un crecimiento promedio del 41% considerando la variación interanual por el período comprendido entre el primer día del año y quinto de marzo de los años 2020 y 2021 respectivamente. Asimismo, de enero a febrero los recursos aumentaron un 11%.
Durante el 2020 se cancelaron convenios de deuda firmados en el año 2019 entre la Provincia y los Municipios de Río Grande y Ushuaia por $ 46 y $ 99,3 millones respectivamente. Adicionalmente, se informa que el 16 de octubre de 2020 se abonaron $ 12 millones a la Municipalidad de Río Grande como consecuencia del Decreto Nº 1369/2020 por conciliación de deuda tributaria.
Continuando con las liquidaciones transferidas, indicaron que se abonaron a los municipios $290 millones adicionales de libre disponibilidad. De los mismos, $139 millones corresponden a transferencias realizadas en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Se destaca que, a pesar de la coyuntura signada por la pandemia producto del COVID-19, el año 2020, fue el primero desde el 2016 inclusive en el cual se transfirieron a los municipios fondos por montos superiores a los liquidados. Esta situación se debió a que durante enero de 2020 se transfirió todo lo pendiente correspondiente a noviembre y diciembre de 2019.
En este sentido, desde el Ministerio se destaca el esfuerzo y el compromiso de los servidores públicos que conforman los equipos técnicos y administrativos permanentes dado que, aún en el marco de aislamiento que debieron atravesar, lograron reducir los plazos de liquidaciones de recursos coparticipables en más de 10 días y trabajaron para acortar los plazos de transferencias, cuyo plazo promedio ascendió a 24,2 días corridos para los Municipios de Ushuaia y Río Grande.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación tomó el control total del Puerto de Ushuaia y ordenó que todos los pagos por servicios se transfieran a cuentas nacionales. Letrados locales advierten que la intervención no solo desplaza a la provincia, sino que consolida un desvío sistemático de fondos generados en Tierra del Fuego hacia organismos nacionales sin afectación específica.
Mientras el aporte nacional se mantiene congelado, el Gobierno fueguino sostiene el gas licuado con recursos propios y financia la transición hacia la red de gas natural. El esquema combina subsidios directos al consumo, segmentación de beneficiarios y créditos para conexiones domiciliarias, con una inversión que alcanza a casi 6.000 hogares.
Mediante el decreto de necesidad y urgencia 88/2026, el Gobierno Nacional dispuso la disolución de IOSFA y la creación de dos nuevas entidades diferenciadas de cobertura sanitaria: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
El legislador provincial Federico Greve advirtió que la intervención sobre el puerto de Ushuaia carece de sustento jurídico y vulnera la autonomía provincial. Señaló inconsistencias en la resolución nacional, cuestionó el destino de los fondos recaudados y alertó por un posible trasfondo económico y político.
El gobierno otorgó por decreto un nuevo aumento al personal policial, actualizando la escala salarial que queda vigente a partir de enero de este año. La escala alcanza al personal civil y al personal del Servicio Penitenciario.
La Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos respaldó al gobernador fueguino en su reclamo contra la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. Denuncian avance sobre competencias provinciales, manejo irregular de fondos y alertan sobre un plan federal más amplio para recuperar el control de los puertos transferidos a las provincias.
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Desde la Sociedad Rural de Río Grande alertaron por la reiteración de ataques de perros asilvestrados a animales de producción en distintos puntos de la provincia. Tras la muerte de más de un centenar de ovinos en la Escuela Agrotécnica, reclamaron decisiones políticas y controles efectivos para prevenir nuevos episodios.
La exdirectora nacional del Ministerio de Economía fue procesada en la causa por presuntas coimas y desvíos de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad. La investigación tomó mayor relevancia tras el hallazgo de casi 700 mil dólares en efectivo en su domicilio y expuso vínculos con áreas clave del régimen industrial fueguino. Fue funcionaria del FAMP por el Ministerio de Economía de la Nación.
El flamante Ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, analizó el contexto económico nacional y detalló los principales lineamientos de gestión para Tierra del Fuego. Habló de empleo, diversificación productiva, agregado de valor, rol del Estado y la necesidad de acompañar al sector privado en un escenario adverso.
En distintos puntos de la ciudad avanza el plan de tareas para el acondicionamiento del suelo y repavimentación; demarcación de sendas peatonales; reconstrucción de cordones y mantenimiento de espacios recreativos, entre otras intervenciones.