Buscan limitar el uso de IA en las campañas políticas

De sancionarse, una imagen falsa de un candidato, una voz generada mediante IA que le atribuya declaraciones que nunca realizó o una red de cuentas destinada a multiplicar artificialmente un mensaje político quedarían alcanzadas por la legislación electoral fueguina.

La propuesta define como contenido sintético a imágenes, audios o videos generados total o parcialmente mediante IA capaces de representar personas o situaciones con apariencia de realidad. También incorpora las figuras de deepfake, bots, granjas de troles, campañas automatizadas y microsegmentación electoral.

Uno de sus principales puntos es la obligación de identificar todo contenido electoral generado o sustancialmente modificado mediante IA con la leyenda “Contenido generado/modificado mediante Inteligencia Artificial”. En videos deberá permanecer visible cuando exista posibilidad de confusión y, en audios, advertirse al comienzo y al final.

El proyecto prohíbe, además, crear, financiar, contratar o difundir simulaciones de la voz, rostro o comportamiento de candidatos o figuras públicas destinadas a atribuirles declaraciones, actos o situaciones falsas para inducir a error al electorado.

También regula la publicidad personalizada. Quienes utilicen IA para elaborar perfiles o microsegmentar audiencias deberán informar a la Justicia Electoral los criterios utilizados, cuánto invirtieron y quién financió la pauta. El ciudadano deberá poder conocer por qué recibe determinado anuncio y quién pagó por él. No podrán utilizarse datos sensibles vinculados con biometría, salud, religión, convicciones filosóficas u orientación sexual ni combinar publicidad paga con bots o cuentas inauténticas para amplificar artificialmente su alcance.

La iniciativa preserva la sátira, el humor y las representaciones artísticas o ficticias, aunque deberán identificarse cuando puedan confundirse con hechos reales. Una crítica política, incluso severa u ofensiva, no constituirá por sí misma una infracción. También quedan exceptuadas las reproducciones con fines periodísticos, académicos, educativos, judiciales o de verificación cuando se advierta su carácter cuestionado o falso.

Ante una denuncia, la Justicia Electoral podrá ordenar el cese de publicidad, incorporar advertencias, preservar evidencia, disponer rectificaciones y, excepcionalmente, hacer indisponible un contenido ante un daño grave e inminente al proceso electoral. Las sanciones incluyen apercibimientos, multas y cese de publicidad, aunque el proyecto no determina montos ni escalas para las multas.

Antecedentes y experiencias

Argentina todavía no cuenta con un régimen nacional electoral integral equivalente. Durante 2026 se presentaron iniciativas en Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, mientras Mendoza registra un antecedente de 2024. Se trata principalmente de proyectos, por lo que no existen experiencias provinciales consolidadas que permitan evaluar resultados.

El problema, sin embargo, ya tuvo manifestaciones concretas. Durante las elecciones porteñas de 2025 circularon videos manipulados mediante IA que mostraban a dirigentes políticos realizando anuncios o declaraciones que no habían efectuado, lo que derivó en actuaciones judiciales.

El antecedente regional más avanzado es Brasil. Para las elecciones municipales de 2024, el Tribunal Superior Electoral prohibió los deepfakes, obligó a advertir el uso de contenidos sintéticos y restringió los robots que simulan conversaciones con candidatos. Brasil ya atravesó elecciones bajo esas reglas y sus tribunales debieron resolver denuncias y generar jurisprudencia. La experiencia también evidenció dificultades para probar cuándo un contenido constituye un deepfake. Para las elecciones de 2026, el Tribunal volvió a precisar esos criterios.

El límite de las plataformas

La aplicación del proyecto fueguino presenta un desafío adicional: buena parte de la publicidad, segmentación y circulación de contenidos ocurre en plataformas digitales de alcance nacional o internacional.

En Argentina no existe una regulación integral específica sobre el funcionamiento de esas plataformas ni sobre los mecanismos mediante los cuales sus algoritmos seleccionan, recomiendan o amplifican contenidos. Aunque están alcanzadas por normas generales, no existe un régimen comparable al europeo que regule integralmente su funcionamiento algorítmico y establezca amplias obligaciones de transparencia.

Esto marca un límite para una legislación provincial. Tierra del Fuego puede imponer obligaciones a partidos, candidatos, consultoras y otros participantes de sus elecciones, pero no regular de manera general plataformas que operan en todo el país o desde el exterior.

La dificultad resulta especialmente visible en la microsegmentación. El proyecto exige que el usuario pueda conocer por qué recibe un anuncio, quién lo financió y los criterios utilizados para seleccionarlo, pero parte de esa información está en poder de las plataformas.

La Justicia Electoral también podrá requerir datos para determinar el origen de un contenido, quién contrató publicidad, cuánto invirtió y qué alcance tuvo. Sin embargo, la iniciativa no establece un mecanismo específico de cooperación con las plataformas para obtener esa información.

Fuera de la región, distintos estados de Estados Unidos aprobaron normas sobre deepfakes electorales y la Unión Europea estableció reglas sobre transparencia, financiamiento y segmentación de publicidad política.

La experiencia comparada muestra una tendencia creciente a regular la IA en las elecciones, aunque todavía existe poca evidencia para medir su efectividad contra la desinformación. En Tierra del Fuego, el desafío será no sólo definir qué prácticas prohibir, sino cómo hacer cumplir esas reglas en un ecosistema cuyas principales plataformas, algoritmos y datos quedan fuera del alcance regulatorio directo de una provincia.