Radio FM Amistad
La legisladora de La Libertad Avanza Natalia Gracianía sostuvo que el principal problema es que se intenta definir en menos de un mes una discusión que lleva años sin consenso. “Si no nos pusimos de acuerdo en dos años, ¿por qué nos vamos a poner de acuerdo en menos de 30 días?”, planteó, y reclamó tiempo para analizar cada fuente de financiamiento y su impacto.
Gracianía cuestionó además que la Legislatura quede condicionada por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno provincial y el SUTEF, del que surgió el compromiso de impulsar una nueva ley. “La Legislatura no debería ser garante de un acuerdo del que no participó”, afirmó. Aclaró que su rechazo no apunta al reclamo salarial docente, sino al mecanismo elegido para obtener los recursos.
“No estamos de acuerdo con el incremento de tasas ni de impuestos, esto lo hemos dicho desde el minuto cero”, remarcó. Según explicó, su bloque se opone a aumentar la presión tributaria sobre sectores privados para cubrir gastos corrientes y considera que antes debería revisarse cuánto dinero recibe actualmente Educación, cómo se ejecuta y qué lugar ocupará el área en el Presupuesto 2027.
Entre los puntos que pidió revisar mencionó la carga prevista sobre la actividad de distribución de gas natural. Gracianía advirtió que ese costo podría trasladarse a las facturas de los hogares. “Esto va a repercutir, si se aprueba, también sobre todos los que pagamos el gas”, sostuvo, al señalar que el impacto final de los nuevos gravámenes debe analizarse antes de aprobarlos.
También puso el foco en la afectación de recursos que podrían generarse en actividades todavía no desarrolladas, como el hidrógeno verde. “¿Cómo vamos a afectar a futuro lo que todavía ni siquiera se pudo lograr en Tierra del Fuego?”, cuestionó. Para la legisladora, comprometer anticipadamente esa renta podría limitar decisiones de futuras administraciones.
Gracianía insistió en que los docentes “tienen todo el derecho de reclamar mejorar sus salarios”, pero consideró que una solución de largo plazo no puede definirse sin contemplar la situación del resto de la administración pública ni el efecto de las nuevas fuentes de financiamiento sobre la economía provincial.
Otro de sus reclamos es contar con números concretos. Recordó que, durante el tratamiento de propuestas anteriores, el Ministerio de Economía demoró cuatro meses en remitir información solicitada por la Legislatura. “¿Qué elementos teníamos para poder definir? Absolutamente ninguno, porque estamos hablando de números y esto se basa en números”, señaló.
La discusión seguirá con la participación de funcionarios y cámaras empresarias alcanzadas por el proyecto. Gracianía anticipó que buscará conocer cuánto recaudaría cada mecanismo, quién terminaría absorbiendo esos costos y qué efectos tendría la afectación de recursos futuros. “Me interesa conocer los números para poder después tener un debate sobre datos específicos”, afirmó.
La próxima instancia será la Comisión de Presupuesto, mientras el plazo del trámite de urgencia continúa corriendo. Gracianía aseguró que su bloque participará del debate y buscará modificaciones para evitar que la iniciativa avance sin cambios. “Las decisiones a las apuradas no son una buena idea”, concluyó, y sostuvo que una ley con efectos de largo plazo debe resolverse con información suficiente sobre sus consecuencias.
