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El Tribunal de Cuentas no abre las denuncias y una nueva presentación vuelve a poner bajo la lupa los pagos docentes
Una nueva presentación ante los organismos de control vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los fondos públicos destinados al pago de haberes docentes en Tierra del Fuego. El planteo solicita una auditoría integral sobre las liquidaciones del Ministerio de Educación y plantea la necesidad de determinar si se abonaron salarios correspondientes a horas o jornadas que no habrían sido efectivamente prestadas.
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El pedido fue presentado por Luis Santacruz ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia y apunta específicamente al circuito utilizado para registrar, procesar y controlar las novedades laborales vinculadas con paros, medidas de fuerza y jornadas de “desobligación”.
La presentación sostiene que deberían revisarse las planillas de liquidación de haberes de los últimos meses y compararlas con los partes diarios de asistencia y las actas confeccionadas por los establecimientos educativos. El objetivo planteado es establecer si existieron diferencias entre la información utilizada para liquidar los salarios y la efectiva prestación de servicios.
Piden determinar si hubo pagos por servicios no prestados
El escrito plantea además que, si se detectaran inconsistencias, debería establecerse si los mecanismos utilizados por el Ministerio de Educación generaron erogaciones fiscales por servicios que no fueron prestados y, eventualmente, cuál habría sido el perjuicio económico para las arcas provinciales.
La presentación también solicita que, si surgieran omisiones, negligencias o cargas presuntamente incorrectas de información por parte de funcionarios responsables de controlar el ausentismo, se evalúe la apertura de las actuaciones correspondientes para determinar eventuales responsabilidades patrimoniales.
No se trata, por ahora, de una conclusión sobre la existencia de un perjuicio fiscal. Es precisamente lo que el denunciante pide investigar mediante una auditoría, por lo que será la documentación oficial la que deberá establecer si hubo o no irregularidades en las liquidaciones.
El planteo también señala que una presentación anterior fue realizada ante la Fiscalía de Estado, donde se solicitó el control de legalidad de los procedimientos administrativos utilizados para registrar las inasistencias docentes vinculadas con medidas de fuerza.
La pregunta que vuelve sobre el Tribunal de Cuentas
El nuevo pedido adquiere mayor relevancia a partir de la información publicada en el propio sitio oficial del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego.
La documentación disponible muestra, dentro del apartado de resoluciones de Vocalía de Auditoría y Vocalía Legal correspondiente a 2026, al menos siete resoluciones identificadas como “NO APERTURA”, entre ellas actuaciones relacionadas con una denuncia sobre equipos médicos en el Hospital Regional Ushuaia, una presentación vinculada con la DPP-ANPyN, una denuncia sobre Patagonia Constructora y otras actuaciones individuales.
Qué razones concretas utiliza el organismo de control para decidir que una denuncia no amerita siquiera la apertura de una investigación.
Ese punto resulta especialmente relevante cuando se trata del organismo encargado del control externo de la hacienda pública provincial. Si una presentación plantea la posible existencia de pagos efectuados con recursos del Estado por servicios que eventualmente no fueron prestados, la sociedad tiene derecho a conocer cuáles son los elementos técnicos y jurídicos utilizados para determinar si corresponde investigar o cerrar el planteo.
Siete “no aperturas” y una nueva presentación
La captura de la plataforma oficial permite observar las resoluciones RES VA 01-26 a RES VA 07-26, todas identificadas bajo la fórmula “NO APERTURA”. Entre los asuntos aparecen denuncias de distinta naturaleza, lo que demuestra que durante el año el Tribunal ha utilizado este mecanismo en diferentes actuaciones.
La discusión, entonces, no debería reducirse a si una determinada denuncia fue aceptada o rechazada. El interrogante institucional es qué estándar utiliza el Tribunal para decidir cuándo una presentación tiene entidad suficiente para abrir una investigación y cuándo corresponde directamente disponer la no apertura.
En el caso de las liquidaciones docentes, la nueva presentación solicita una auditoría ex post, un cruce de documentación y la determinación de un eventual perjuicio fiscal. También pide que se coordine la información con la Fiscalía de Estado para evitar criterios contradictorios entre los organismos que intervienen en el control de legalidad y fiscalización del Estado.
La cuestión de fondo excede a una nueva denuncia. Lo que empieza a generar incertidumbre es la falta de una explicación pública y accesible sobre los criterios utilizados para disponer las “no aperturas”. El Tribunal de Cuentas tiene facultades de control y puede determinar que una denuncia no reúne los requisitos necesarios para iniciar una investigación, pero esa decisión adquiere especial importancia cuando se encuentra en juego el uso de recursos públicos.
Ahora aparece un nuevo pedido para revisar las liquidaciones de haberes docentes y cruzarlas con los registros de asistencia, paros y desobligaciones. La pregunta que queda planteada es sencilla pero incómoda: ¿qué debe ocurrir para que una denuncia sobre posibles pagos indebidos genere una investigación formal y quién explica por qué otras presentaciones directamente no llegan a esa instancia?
La transparencia no debería terminar en la publicación de una resolución que dice “no apertura”. También debería permitir conocer sus fundamentos, los elementos analizados y las razones por las cuales se decidió no investigar. Sin esa información, cada nuevo cierre alimentará inevitablemente la incertidumbre sobre qué se está controlando y qué queda fuera del control.
Fuente crónicas fueguinas
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