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Santacruz lleva el conflicto docente a la Fiscalía y Trabajo y reclama respuestas por los paros y la falta de Conciliación Obligatoria

El conflicto docente en Tierra del Fuego suma ahora un nuevo capítulo institucional. Luis Ángel Santacruz presentó dos actuaciones ante organismos del Estado provincial en las que cuestiona el manejo administrativo y laboral de la extensa huelga docente y reclama que se determine si las autoridades cumplieron con las herramientas legales disponibles.
Ushuaia08/09/2026Radio FM AmistadRadio FM Amistad
La primera presentación fue realizada ante la Fiscalía de Estado, donde solicitó un control de legalidad y una auditoría sobre el procedimiento utilizado por el Ministerio de Educación para registrar los paros, las desobligaciones y las horas efectivamente trabajadas por el personal docente.
El planteo apunta directamente al circuito mediante el cual cada establecimiento informa las novedades laborales y estas llegan posteriormente a la Dirección de Recursos Humanos. Santacruz sostiene que debería existir un mecanismo que permita verificar con precisión el presentismo y evitar el pago de haberes correspondientes a jornadas no trabajadas.
En el escrito advierte que una eventual falta de controles podría derivar en liquidaciones incorrectas de salarios, pago de jornadas caídas y un eventual perjuicio para las arcas provinciales. Por eso pidió que la Fiscalía determine si los mecanismos actuales cumplen con la normativa administrativa y si existen investigaciones previas sobre la cuestión.
La presentación fue recibida por la Fiscalía de Estado el 7 de septiembre de 2026, según consta en la documentación.
 
Reclamo directo al Ministerio de Trabajo
En paralelo, Santacruz presentó otra actuación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la que solicitó una audiencia urgente con la ministra Sonia Castiglione o con la máxima autoridad que corresponda.
El motivo del pedido es la falta de convocatoria a Conciliación Obligatoria frente al conflicto que mantiene paralizado el servicio público de educación.
Santacruz reclama que la cartera laboral explique cuáles fueron los fundamentos técnicos y jurídicos por los que no habría dispuesto oportunamente esa instancia, considerando la extensión del conflicto y las medidas de acción directa que afectan el normal funcionamiento de las escuelas.
La Conciliación Obligatoria constituye una herramienta de intervención de la autoridad laboral para retrotraer un conflicto y abrir una instancia formal de negociación. De hecho, el propio Ministerio de Trabajo provincial utilizó recientemente este mecanismo en conflictos laborales como el de Mirgor, donde intervino de oficio y convocó a las partes a negociar.
El contraste vuelve inevitable una pregunta: ¿por qué una herramienta que fue utilizada rápidamente frente a conflictos laborales del sector privado no tuvo el mismo tratamiento frente a la prolongada disputa docente?
Dos organismos, una misma pregunta
Las dos presentaciones apuntan a diferentes aspectos del conflicto, pero tienen un denominador común: qué hizo y qué dejó de hacer el Estado provincial frente a una situación que lleva semanas afectando el funcionamiento del sistema educativo.
Ante la Fiscalía, el reclamo está centrado en el control de los recursos públicos y la correcta registración de las inasistencias. Ante Trabajo, el cuestionamiento apunta a la intervención de la autoridad laboral y a las razones por las cuales no se habría aplicado la Conciliación Obligatoria.
En su presentación ante la cartera laboral, Santacruz incluso advierte que, de no obtener respuestas, podría avanzar con las acciones administrativas o judiciales que correspondan por un eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público.
 
El conflicto que sigue sin una salida
El reclamo se produce mientras el conflicto docente continúa extendiéndose y SUTEF mantiene medidas de fuerza y reclamos vinculados principalmente con la recomposición salarial y el financiamiento educativo. A comienzos de septiembre, el gremio ya llevaba varias semanas de huelga por tiempo indeterminado.
El debate, por lo tanto, ya no se limita exclusivamente a cuánto deben cobrar los docentes o cuál debería ser la propuesta salarial del Gobierno.
Ahora también queda bajo discusión cómo administra el Estado las jornadas no trabajadas, qué controles aplica sobre los fondos públicos y por qué la autoridad laboral decide intervenir en determinados conflictos y no en otros.
Las presentaciones de Santacruz abren una discusión que excede al dirigente, al gremio y al propio Gobierno. Si el Estado tiene herramientas para controlar el cumplimiento de las jornadas laborales y mecanismos legales para intervenir ante conflictos colectivos, resulta razonable preguntar qué controles se están aplicando y por qué determinadas herramientas no fueron utilizadas frente a una huelga que afecta directamente a miles de estudiantes.
La respuesta ya no depende solamente de una negociación salarial. Ahora también deberán responder los organismos responsables de controlar los recursos públicos y garantizar el funcionamiento de las instituciones.
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