Radio FM Amistad
El Gobierno nacional avanzó este lunes con una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en una nueva escalada de las acciones impulsadas por la administración de Javier Milei para frenar las actividades petroleras que considera ilegítimas.
Según informó la deicina del Presidente a través de un comunicado publicado en X, la presentación estará a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
Ocurre luego de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pidiera en público a Netanyahu que se reconozca la soberanía argentina sobre las Islas. “Es territorio argentino ocupado”, exclamó en su cuenta oficial el funcionario.
La denuncia alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de los directores, gerentes, administradores, representantes y demás responsables que pudieran haber intervenido en los hechos investigados.
De acuerdo con el Gobierno, las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates contarían con licencias otorgadas por el Reino Unido para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. La administración argentina sostiene que esas operaciones violan las disposiciones de la Ley 26.659, que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
La ofensiva judicial se produce apenas cuatro días después de la cadena nacional en la que Milei colocó nuevamente la cuestión Malvinas en el centro de la agenda y anunció un paquete de medidas diplomáticas, administrativas, legislativas y vinculadas con Defensa.
El viernes pasado, la Cancillería ya había iniciado procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por presuntas actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El procedimiento alcanza no sólo a las compañías que participan directamente de los proyectos, sino también a accionistas y empresas que les prestan servicios.
En paralelo, el Gobierno publicó el Decreto 868/2026, mediante el cual designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció un mecanismo más acelerado para investigar y eventualmente sancionar este tipo de actividades. La norma obliga además a los organismos de la Administración Pública Nacional a informar en un plazo de cinco días cualquier hecho que pudiera encuadrar en las conductas prohibidas.
El decreto también establece plazos específicos para los procedimientos administrativos: los presuntos infractores disponen de diez días hábiles para presentar su descargo y la autoridad debe resolver dentro de otros diez días hábiles, una vez cumplidas las etapas correspondientes.
La aplicación de la normativa tiene además un antecedente directo con Navitas. En 2022, la entonces autoridad de aplicación de la Ley 26.659 determinó que sus actividades eran ilegales y la inhabilitó durante 20 años para desarrollar actividades en territorio argentino.
El jueves pasado, el Presidente afirmó que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y presentó la explotación de hidrocarburos en el área como uno de los principales desafíos actuales para la soberanía argentina.
Durante el mensaje, anunció el endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen directa o indirectamente de actividades hidrocarburíferas en las Islas sin autorización argentina y anticipó medidas para impedir que esas compañías puedan desarrollar posteriormente actividades en territorio nacional.
También planteó el envío al Congreso de un proyecto de ley vinculado con la defensa de la soberanía y anunció la ampliación de recursos para el Ministerio de Defensa con el objetivo de avanzar con la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades de comunicación en el Atlántico Sur.
El Presidente vinculó ese proyecto con una estrategia más amplia para reforzar la presencia argentina en el extremo austral y definió la protección del Atlántico Sur como una cuestión de seguridad nacional.
El nuevo capítulo de la estrategia nacional incorpora directamente a Tierra del Fuego. Este lunes, Milei firmó además una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el Proyecto de Presupuesto 2027, que debe ser enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre, priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos.
La decisión se suma al anuncio realizado durante la cadena nacional sobre el refuerzo de recursos para Defensa y coloca nuevamente a Ushuaia como una pieza central de la política nacional hacia el Atlántico Sur.
El proyecto de la Base Naval Integrada no es nuevo: su construcción había comenzado formalmente en 2022, durante la gestión de Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa. Ahora, el Gobierno busca darle un nuevo impulso mediante la asignación de recursos y su incorporación entre las prioridades del próximo presupuesto.
De esta manera, la denuncia penal anunciada este lunes se integra a una serie de decisiones adoptadas en apenas cuatro días: sanciones contra 45 sujetos, cambios en la aplicación de la Ley 26.659, aceleración de los procedimientos administrativos, una ofensiva judicial contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos y el refuerzo presupuestario de la infraestructura estratégica en Tierra del Fuego.
El Gobierno sostiene que continuará impulsando acciones jurídicas, diplomáticas e institucionales para impedir actividades sobre recursos que considera pertenecientes a la Argentina y para reforzar el reclamo de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
