Radio FM Amistad
Vladimir Espeche, concejal de Ushuaia por el MOPOF, explicó que previamente había presentado un proyecto de resolución para solicitar información al Gobierno provincial, pero la iniciativa no prosperó en el Concejo Deliberante. “El planteo de mi resolución era saber realmente qué iba a suceder con los recursos coparticipables en materia de hidrocarburos, que son recursos para la Municipalidad. Hoy no se dice nada y, sobre todo, en la última paritaria municipal, de la misma acta surge que el Ejecutivo hace mención a que la Provincia adeuda más de 12.000 millones de pesos en concepto de coparticipación”, señaló.
El concejal sostuvo que su intención es establecer qué dispone concretamente el convenio firmado por seis meses y si dentro de ese esquema permanecen resguardados los ingresos municipales derivados de las regalías. “Este proyecto de resolución era para saber en qué consiste este convenio, si están contempladas en estos seis meses las regalías con respecto a la coparticipación municipal. Son ingresos que tienen que ingresar a la Municipalidad y hoy no se sabe cuál va a ser el monto”, explicó.
Ante la falta de avance de la resolución, Espeche decidió recurrir a la Fiscalía de Estado. “Eso justamente también me impulsó a hacer una denuncia ante la Fiscalía de Estado, para que el fiscal tome cartas en el asunto y se llegue a dilucidar si realmente este convenio es perjudicial para los intereses de la Municipalidad”, afirmó.
El edil cuestionó además que, pese a la deuda mencionada en la negociación paritaria, no advierte acciones suficientes para reclamar esos fondos. “Lo que sucede hoy es que hay un acta de una reunión paritaria donde el Ejecutivo municipal manifiesta que existe una deuda por parte de la Provincia, pero no hay ninguna acción para reclamar justamente la deuda que tienen los municipios”, sostuvo.
Espeche vinculó esa falta de recursos con distintas necesidades de la ciudad y consideró que la situación repercute sobre la capacidad municipal para financiar infraestructura, mantenimiento vial y otros servicios. También responsabilizó políticamente a la ministra de Energía por el proceso que desembocó en el acuerdo transitorio, aunque se trata de una valoración del concejal. “Este convenio que se firmó con la empresa Roch es producto de la negligencia de la ministra de Energía, dado que se habían vencido los plazos de la concesión y había tiempo para llevar adelante los procesos licitatorios. Nosotros desconocemos si realmente los recursos que corresponden por regalías de hidrocarburos como participables a los municipios están salvaguardados o no”, afirmó.
La discusión por los fondos provinciales no fue el único punto que generó diferencias durante la quinta sesión ordinaria. Espeche señaló que tampoco prosperaron tres iniciativas relacionadas con la situación de los rellenos sanitarios y los controles ambientales. Los proyectos buscaban obtener información sobre la remediación del antiguo relleno de Río Pipo y sobre el funcionamiento del complejo de Río Olivia. “Queríamos saber cuál es la situación del ex relleno sanitario de Río Pipo, si realmente se llevó adelante la remediación, si se controla, qué sucede con los líquidos y con la emanación de gases. En esa zona hay muchos barrios. La idea era conocer la realidad y tener parámetros objetivos ahora que se tiene que discutir la nueva licitación del relleno sanitario”, explicó.
Según Espeche, esa información también permitiría incorporar mayores exigencias al próximo pliego y fortalecer los controles municipales. El concejal mencionó observaciones sobre muestras ambientales, presencia de plomo y requisitos técnicos que, según sostuvo, no habrían sido cumplidos, aunque aclaró que no pudo acceder a los nuevos análisis que el Ejecutivo afirmó tener.
Otro proyecto proponía crear una comisión investigadora sobre el funcionamiento del área de Obras Privadas. Espeche señaló que la iniciativa surgió a partir de reclamos de vecinos y profesionales por demoras y diferencias en la tramitación de expedientes. “Recibimos muchísimas denuncias o quejas de vecinos. Es un área donde hay un retardo muy grande cuando uno presenta un plano y también planteos sobre un trato desigual. La idea era establecer parámetros objetivos para corregir aquello que está mal”, sostuvo.
Las desafectaciones de tierras lograron consenso entre los diez concejales. Espeche destacó particularmente una regularización en el sector del Martial, donde una franja será incorporada a un inmueble afectado previamente por sucesivas modificaciones de mensura. El acuerdo estableció que esa superficie se venda con los mismos parámetros aplicados al resto de los vecinos. “Se modificó tres veces la mensura y había que delimitar y acomodar ese sector. Lo que se estableció es que se venda al valor que corresponde a cualquier vecino de la ciudad. Esa fue la modificación y hubo consenso de los diez concejales”, explicó.
La presentación ante la Fiscalía de Estado mantiene abierto el principal interrogante planteado por Espeche: cómo se distribuirán durante el acuerdo transitorio con Roch las regalías hidrocarburíferas que integran los recursos coparticipables y qué incidencia puede tener ese esquema sobre las cuentas de la Municipalidad de Ushuaia.
