Radio FM Amistad
El diputado nacional de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Miguel Rodríguez, volvió a utilizar sus redes sociales para cuestionar a dirigentes sindicales y esta vez apuntó directamente contra la UOM, en medio del delicado conflicto laboral que atraviesa Mirgor y la preocupación de trabajadores que desconocen cuál será su futuro dentro de la compañía.
“En Río Grande no hace falta inventar nada: los hechos hablan por sí solos”, comenzó Rodríguez. Según sostuvo, mientras se encuentra vigente la conciliación obligatoria, el CEO de Mirgor se presentó personalmente en la planta para explicar la situación de la empresa, pero el cuerpo de delegados de la UOM decidió retirar a los trabajadores y el encuentro terminó cancelándose.
El legislador libertario responsabilizó a la representación sindical por las consecuencias del conflicto. “Ese es el método: parar la planta, atrasar la producción, romper todas las instancias de negociación y después salir a buscar culpables”, expresó. Incluso fue más lejos y lanzó una frase que generó cuestionamientos: “A los trabajadores les dieron la posibilidad de escuchar. Los delegados se la quitaron. Después que no vengan a explicar que la culpa es de Milei”.
Las declaraciones se producen en un contexto especialmente sensible para Tierra del Fuego, con pérdida de puestos laborales en distintos sectores industriales y comercios afectados por la caída de las ventas. En ese escenario, Rodríguez volvió a concentrar sus críticas en la dirigencia sindical, como ocurrió recientemente con referentes del SUTEF. En aquella oportunidad, el secretario general del gremio docente, Horacio Catena, lo invitó públicamente a debatir, propuesta que el diputado declinó.
La intervención del legislador también vuelve a poner bajo discusión cuál es su respuesta política frente a la crisis laboral fueguina. Mientras Rodríguez mantiene una fuerte presencia en redes sociales cuestionando a sindicatos y dirigentes, desde sectores críticos reclaman iniciativas concretas y proyectos legislativos destinados a proteger el empleo y la producción de Tierra del Fuego, una provincia particularmente expuesta a la crisis que atraviesan las industrias electrónica y textil y a la caída de la actividad comercial.
