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Radar Leolabs - Comisión investigación legislativa

La Comisión Investigadora de la Legislatura fueguina avanzará con testimoniales para reconstruir cómo se autorizó e instaló el radar en Tolhuin. Villegas aseguró que buscan establecer la “verdad histórica” de un caso atravesado por cuestionamientos sobre soberanía, responsabilidades políticas y los vínculos de representantes locales de la empresa.
Politica10/08/2026Radio FM AmistadRadio FM Amistad

La Comisión Especial Investigadora de la Legislatura que analiza la instalación del radar de LeoLabs en Tolhuin avanzará con una nueva etapa de declaraciones testimoniales, mientras continúa reuniendo documentación de organismos provinciales, nacionales y judiciales.

Su presidente, Pablo Villegas (MPF), señaló que existen organismos que todavía no completaron la información requerida y cuestionó particularmente las demoras de la Dirección Provincial de Energía (DPE).

“No se trata de un acto de buena voluntad, sino del cumplimiento de una obligación legal de poner a disposición de esta Comisión la información pública requerida”, afirmó.

Entre quienes serán convocados aparecen el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington; el exsenador Pablo Blanco; el exministro de Defensa Jorge Taiana y autoridades militares que intervinieron en el análisis del radar.

“La idea es avanzar en el marco probatorio para luego valorarlo y obtener conclusiones, para entender si hay responsabilidades políticas o no”, sostuvo Villegas.

El caso se remonta a 2022. LeoLabs Argentina SRL fue constituida el 30 de marzo de ese año e inscripta en Tierra del Fuego en abril. En noviembre, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Nación autorizó de manera precaria una estación destinada al seguimiento de objetos en órbita baja. La Provincia, por su parte, había aprobado actuaciones ambientales vinculadas con el proyecto.

La controversia estalló en 2023, cuando Defensa advirtió sobre las implicancias estratégicas de la instalación en Tierra del Fuego, particularmente por la disputa de soberanía sobre Malvinas. Nación terminó cancelando la autorización en agosto.

El episodio abrió acusaciones cruzadas entre el Gobierno Nacional, el Provincial, referentes políticos y sociales.

LeoLabs Argentina tenía como socios a sociedades constituidas en el exterior, mientras que la controlante internacional tiene sede en Estados Unidos. La compañía rechazó las acusaciones que pretendían vincularla con intereses británicos.

Otro foco estuvo puesto sobre los representantes locales. Pablo Renán Bilbao figuró como representante legal de LeoLabs Argentina, mientras María Victoria Cerone y Diego Alberto Mancini Loiácono fueron mencionados como integrantes de la estructura vinculada a la firma.

Cerone fue vinculada al entorno de la entonces diputada nacional Mabel Caparrós; también se señalaron vínculos familiares y profesionales de Bilbao con la exdiputada. En el caso de Mancini Loiácono, se destacó que es hijo de Juan Alberto Mancini Loiácono, quien ocupó cargos en la Dirección Provincial de Energía y posteriormente en áreas del Gobierno provincial. Esos vínculos alimentaron cuestionamientos políticos sobre la llegada y tramitación del proyecto.

En abril de 2026, la Justicia fueguina declaró en primera instancia la nulidad de la inscripción de LeoLabs Argentina SRL.

Ahora la Comisión pretende reconstruir toda la cadena de decisiones y determinar eventuales responsabilidades.

“Nuestro objetivo es conocer la verdad histórica sobre cómo y por qué se instaló este radar en Tierra del Fuego, cuál fue la intervención de las autoridades provinciales y cuáles fueron los procedimientos administrativos que lo hicieron posible”, precisó Pablo Villegas.

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