Uno de los ejes centrales es la limitación del poder de expropiación del Estado. La ley establece criterios más estrictos para justificar estos procesos, obligando a demostrar que son necesarios, proporcionales y que no existe una alternativa menos gravosa. Además, garantiza indemnizaciones ajustadas al valor real de mercado y actualizadas por inflación.
En paralelo, la norma busca agilizar los desalojos frente a ocupaciones ilegales, uno de los principales problemas del sistema actual. Para ello, introduce el procedimiento sumarísimo, reduciendo significativamente los plazos judiciales y brindando mayor previsibilidad a los propietarios.
Otro punto relevante es la modernización del sistema registral inmobiliario. El proyecto impulsa la digitalización de los trámites, la reducción de tiempos administrativos y la creación de herramientas como una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria, con el objetivo de facilitar operaciones, mejorar el acceso a la información y fomentar el crédito.
Impacto en la economía y la inversión
La aprobación de esta ley representa un avance decisivo para revertir décadas de inseguridad jurídica que afectaron la llegada de inversiones al país.
Sin reglas de juego estables y sin garantías sobre la propiedad, resulta imposible consolidar un proceso sostenido de crecimiento económico. En ese sentido, la reforma apunta a generar un entorno más confiable para quienes producen, invierten y generan empleo.
Con la media sanción en el Senado, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada inicia ahora su camino en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará lograr su aprobación definitiva.
De avanzar, se trataría de una de las reformas estructurales más importantes del actual gobierno, con impacto directo en la seguridad jurídica, el mercado inmobiliario y el clima de inversión en Argentina.
