Radio FM Amistad
En un despliegue de autoridad que marca un hito en la historia reciente del país, el Gobierno Nacional ha procedido a la expulsión de 14.000 extranjeros durante los últimos seis meses. Esta cifra, que evidencia una aceleración contundente de las políticas de seguridad, fue comunicada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien a través de sus redes sociales sentenció con una palabra que ya es marca registrada de la gestión: “Afuera”.
La funcionaria fue categórica al definir los nuevos estándares de convivencia en suelo argentino: “Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley. Quienes no lo hace, no tienen lugar”. La purga migratoria no es arbitraria; se enfoca quirúrgicamente en individuos con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales o aquellos que intentaron vulnerar la soberanía nacional ingresando sin cumplir la normativa vigente.
En este sentido, la ministra reforzó el mensaje oficial: “Si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera”.
Este récord operativo no es casualidad, sino el resultado del refuerzo de los controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. Ya a fines de enero, la administración había dado una muestra de su eficacia al contabilizar casi 5.000 extranjeros entre expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados en apenas dos meses. La política de “orden migratorio y seguridad nacional” se ha intensificado drásticamente desde entonces.
La precisión de esta "limpieza" se apoya en operativos territoriales de alta complejidad. Un ejemplo paradigmático fue la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) en la feria de Villa Celina, partido de La Matanza. En dicho procedimiento se identificó a 458 personas, de las cuales 369 resultaron ser extranjeras.
Gracias al uso de tecnología de punta, como el sistema biométrico Morpho RAPID ID, y el cruce de datos con el SIFCOP, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el sistema SASI, se detectaron 16 ciudadanos extranjeros en situación irregular.
Más allá de la situación migratoria, estos operativos han permitido desmantelar redes de comercio ilegal. En la misma feria de La Matanza, se comprobó la infracción a la Ley de Marcas número 22.362 y la venta de dispositivos robados y bloqueados por el ENACOM. El saldo de la incautación incluyó 70 celulares, 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas falsificadas.
La justicia ha respaldado este accionar con firmeza. El juez Leonardo Cano, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 3 de Morón, ordenó la inmediata detención de cuatro ciudadanos bolivianos —tres mujeres y un hombre— involucrados en estos ilícitos.
Con estas acciones, el Gobierno de la Libertad reafirma que el respeto irrestricto a la propiedad y a la norma es el único camino hacia una nación próspera. Como bien subrayó la ministra Monteoliva: “En la Argentina, el que viola la ley, debe hacerse responsable de sus actos”. La era de la impunidad para el delincuente extranjero ha terminado.
