Al rojo fiscal

La medida fue formalizada mediante el decreto 945/26, fechado el 26 de mayo, con la firma de la vicegobernadora Mónica Urquiza, en ejercicio del Poder Ejecutivo, y del ministro de Economía, Alejandro Barrozo.

La Cuenta de Inversión es el instrumento mediante el cual el Gobierno rinde cuentas sobre la ejecución del Presupuesto aprobado por la Legislatura. Allí se detalla el uso de los recursos públicos, el funcionamiento del Estado y la aplicación del plan de gobierno durante el año.

Según la información oficial, durante 2025 los recursos provinciales alcanzaron los $1.248.669,2 millones, lo que representó una suba del 37,3% frente a los $909.173,6 millones registrados en 2024. En paralelo, los gastos ascendieron a $1.491.144,2 millones, con un incremento interanual del 58,8%.

La diferencia entre ingresos y erogaciones arrojó un déficit de $242.475 millones. El dato marca un fuerte deterioro respecto de 2024, cuando el resultado negativo había sido de $29.515 millones. En términos porcentuales, el rojo fiscal se incrementó 721% en un año.

Uno de los componentes de mayor peso fue el gasto en personal. Las remuneraciones demandaron $708.262,5 millones durante 2025, contra $419.805 millones ejecutados por el mismo concepto el año anterior. La variación fue del 68,7%.

El informe también incorpora el Estado de Evolución de la Deuda Pública. Al 31 de diciembre de 2025, el endeudamiento provincial alcanzó los $467.691 millones. Dentro de esa estructura, la variación del tipo de cambio tuvo un impacto determinante: las obligaciones nominadas en moneda extranjera aumentaron $122.958 millones por la actualización contable de pasivos dolarizados al valor de cierre del ejercicio.

Entre los compromisos más relevantes sobresalen los Bonos Fuego 2027, cuya valuación al cierre del año ascendía a $125.473 millones. La emisión, realizada originalmente por USD 200 millones, prevé amortización semestral y una tasa de interés anual del 8,95%.

Otro pasivo significativo corresponde a la deuda reconocida a favor de Tierra del Fuego Energía y Química S.A. —TEQSA—, originada en depósitos realizados por la empresa entre 2009 y 2010 como adelanto de regalías gasíferas, en el marco del convenio para instalar una planta de producción de urea que finalmente no se concretó.

La controversia derivó en un litigio judicial que concluyó en mayo de 2025 con la firma de un convenio. A partir de ese acuerdo, la Provincia reconoció una obligación que al cierre del ejercicio ascendía a $44.604,3 millones, calculada al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre.

En conjunto, los Bonos Fuego 2027 y la deuda con TEQSA suman aproximadamente $170.077 millones. Esa cifra equivale al 36,4% del endeudamiento total registrado por la Provincia al cierre de 2025.

Con la aprobación del decreto, el Ejecutivo dio el primer paso formal para cerrar la rendición presupuestaria del año pasado. Ahora, el Tribunal de Cuentas deberá analizar la documentación y elaborar el informe que luego quedará a consideración de la Legislatura.