Radio FM Amistad
El Poder Judicial de Tierra del Fuego resolvió no avanzar, por el momento, con la emisión del cronograma electoral para las elecciones de convencionales constituyentes previstas en la provincia durante 2026.
La decisión quedó plasmada en un documento judicial emitido en el expediente vinculado a las elecciones extraordinarias para convencionales constituyentes, donde se advierte sobre la existencia de un escenario de incertidumbre jurídica respecto de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo provincial.
Según detalla la resolución, el Gobierno de Tierra del Fuego remitió el decreto de convocatoria electoral el pasado 30 de abril y posteriormente se incorporó la constancia de su publicación en el Boletín Oficial.
Sin embargo, desde la Justicia señalaron que continúa en trámite una causa judicial vinculada al proceso electoral. En ese marco, se menciona un recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente “Lechman, Jorge Andrés c/ Provincia de Tierra del Fuego AeIAS/ Acción Meramente Declarativa”.
Además, el documento judicial remarca que recientemente tomó estado público la sanción de una ley que derogó la norma que servía de fundamento para la convocatoria electoral impulsada por el Ejecutivo provincial.
En la resolución también se indica que distintos partidos políticos solicitaron la emisión del cronograma electoral para otorgar previsibilidad y certeza al proceso. No obstante, la magistratura entendió que avanzar en este contexto podría generar mayor confusión y afectar la seguridad jurídica del proceso electoral.
“El escenario excepcional atravesado por una situación de inestabilidad respecto del proceso electoral convocado difícilmente contribuiría a dotar de certeza y seguridad jurídica al proceso”, sostiene el comunicado emitido por la Justicia Electoral a cargo de la Dra. Mariel Zanini.
Por último, la Justicia resolvió remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que intervenga en el expediente conforme a la normativa vigente.Por último, la Justicia resolvió remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que intervenga en el expediente conforme a la normativa vigente.
