Radio FM Amistad
“Yo creo que no”, respondió sin rodeos cuando fue consultado sobre la posibilidad de que se realicen elecciones constituyentes. La frase no fue aislada ni casual. Forma parte de una lectura más amplia donde confluyen tensiones políticas, tiempos judiciales inciertos y una fuerte disputa entre los poderes del Estado.
Desde su perspectiva, el camino que se abre es complejo y prolongado. La eventual derogación de la ley por parte de la Legislatura, el posterior veto del Ejecutivo y una nueva insistencia legislativa configuran un escenario que, casi inevitablemente, terminaría en la Justicia. Y allí, advierte, los plazos se vuelven imprevisibles. “La Corte puede resolvértelo en 24 horas o en 24 años”, ironizó, marcando la incertidumbre que rodea todo el proceso.
El trasfondo es aún más delicado. Coto describió una provincia atravesada por un conflicto institucional profundo, donde los tres poderes del Estado se encuentran en tensión permanente. “Tenés a los tres poderes de la provincia peleándose entre sí”, señaló en FM Provincia, y fue más allá al calificar el panorama como “trágico institucionalmente”.
La crítica no se limita al presente inmediato. El senador sostiene que la reforma arrastra problemas desde su origen. Cuestiona la falta de fundamentos, la ausencia de un proyecto sólido y la incapacidad del oficialismo para explicar con claridad qué se busca modificar. “Una reforma que no se sabe para qué es”, remarcó, insistiendo en que ni siquiera existe una demanda social que justifique avanzar en ese sentido.
En ese contexto, la discusión sobre los tiempos adquiere un peso central. Para Coto, aun si existiera voluntad política de avanzar, la judicialización del proceso vuelve prácticamente imposible cumplir con cualquier calendario electoral. “Para la fecha que se planteó, no se llega”, explicó, dando por descartada la posibilidad de una convocatoria en el corto plazo.
El escenario, entonces, combina incertidumbre política, parálisis institucional y desconfianza social. A esto se suma el rechazo de buena parte de la ciudadanía, que observa con preocupación el costo económico de la reforma en un contexto donde las prioridades parecen ser otras. Según el senador, este factor también incide en el desgaste del proyecto y en su falta de legitimidad.
Otro de los puntos que alimenta la polémica es la sospecha de que la reforma podría estar vinculada a una eventual reelección del gobernador. Aunque Coto aclaró que no cree que se habilite automáticamente, dejó una advertencia abierta: “No es tan simple… pero podría y sí”. La ambigüedad, según su mirada, se explica por la falta de definiciones del propio Ejecutivo. “Nadie dijo por qué”, cuestionó.
Mientras tanto, el clima político sigue tensándose. El cruce entre oficialismo y oposición, sumado a las diferencias dentro de la propia Legislatura, configura un tablero inestable donde cada movimiento puede escalar el conflicto. En ese marco, la posibilidad de que el caso llegue a instancias superiores, incluso a la Corte Suprema, aparece como un desenlace probable.
Coto no esquivó el impacto que este escenario tiene sobre la institucionalidad de la provincia. Para él, lo que está en juego va más allá de una reforma puntual: es la credibilidad del sistema político. “Si uno mira desde afuera, parece un desorden total”, graficó, en una descripción que resume su preocupación.
Así, la reforma constitucional en Tierra del Fuego queda atrapada en un laberinto político y judicial del que, por ahora, no se vislumbra una salida rápida. Sin consenso, sin claridad en los objetivos y con un conflicto abierto entre poderes, el proceso parece avanzar hacia un punto muerto, con consecuencias que podrían extenderse mucho más allá del debate actual.
