Radio FM Amistad
La reforma constitucional en Tierra del Fuego entró en una zona de máxima tensión. Con el decreto de convocatoria ya firmado por el gobernador Gustavo Melella, comienza a tomar fuerza en ámbitos legislativos una alternativa que hasta hace semanas parecía lejana: derogar la ley que declaró la necesidad de la reforma.
No se trata solo de una hipótesis. Con dictamen ya emitido y conversaciones en marcha dentro de la Legislatura, distintos actores políticos empiezan a considerar seriamente este camino como una forma de frenar —o al menos condicionar— el proceso constituyente. La jugada, sin embargo, abre un escenario mucho más complejo que una simple marcha atrás.
Aun si la derogación avanzara, no implicaría la suspensión automática de las elecciones previstas. El Ejecutivo ya puso en marcha el proceso en base a una ley vigente y con respaldo previo del Superior Tribunal de Justicia, lo que le da sustento jurídico a la convocatoria.
Ahí aparece el primer punto de conflicto:
¿puede una ley posterior dejar sin efecto un proceso ya iniciado?
Desde algunos sectores legislativos sostienen que sí: sin la ley que declara la necesidad de la reforma, el proceso pierde su base legal. Pero desde el entorno del Ejecutivo y especialistas en derecho constitucional advierten que la situación no es tan lineal. La convocatoria ya es un acto administrativo firme, dictado bajo una norma válida al momento de su emisión.
Con estas dos posiciones enfrentadas, el desenlace parece inevitable: la judicialización del conflicto.
El Superior Tribunal de Justicia deberá intervenir para definir si la derogación puede impactar sobre el proceso electoral en curso o si, por el contrario, debe prevalecer el principio de seguridad jurídica. No es un dato menor que el propio tribunal ya haya avalado previamente la validez de la reforma, lo que fortalece la postura del Ejecutivo.
En lo inmediato, se espera que cualquier avance legislativo sea seguido por presentaciones judiciales y pedidos de medidas cautelares que podrían congelar la situación hasta una resolución de fondo.
Detrás de la discusión jurídica, la decisión de avanzar con la derogación tiene una fuerte carga política. En la práctica, implicaría escalar el conflicto con el Ejecutivo y abrir un frente institucional en pleno calendario electoral.
Algunos protagonistas del escenario provincial reconocen por lo bajo que esta alternativa está siendo evaluada no solo como una herramienta legal, sino también como una forma de reposicionamiento político frente a una reforma que divide aguas.
El riesgo es claro: que la disputa termine afectando la legitimidad del proceso. Una elección bajo cuestionamientos o una reforma atravesada por litigios judiciales podría nacer debilitada.
Mientras tanto, el cronograma comienza a correr. La eventual derogación, sumada a la falta de certezas, podría impactar en la organización del comicio, la presentación de listas y la participación ciudadana.
En este punto, cobra relevancia el principio de seguridad jurídica electoral, que busca evitar cambios en las reglas de juego una vez iniciado el proceso. Este criterio suele ser clave en fallos judiciales cuando se discuten situaciones de este tipo.
Más allá del resultado, lo que está en juego es mucho más que una elección: es la posibilidad de avanzar en la reforma de la Constitución provincial. Y, sobre todo, quién tiene la capacidad de definir ese proceso.
Con el Ejecutivo decidido a avanzar y sectores legislativos evaluando cómo frenarlo, Tierra del Fuego se encamina a un escenario de alta tensión institucional. La política mueve sus piezas, pero todo indica que la definición final no estará en el recinto, sino en los tribunales.
