Radio FM Amistad
Según la normativa interna, el adicional se calcula como el 15% de la suma de distintos componentes salariales —sueldo básico, adicionales por control, dedicación exclusiva y funciones de jefatura—, lo que genera montos que oscilan entre los $450.000 y los $800.000 mensuales. Es decir, cifras que, en muchos casos, superan ampliamente lo que percibe un docente por una jornada completa de trabajo. Intentamos comunicarnos con el autoridades del organismo pero no conseguimos respuestas.
El beneficio alcanza a una extensa lista de cargos políticos y jerárquicos, entre ellos secretarios, prosecretarios, directores, asesores letrados, relatores, jefes de equipo y personal de la Secretaría Privada del Plenario. La mayoría de estas funciones no surgen de concursos públicos, sino de designaciones directas, lo que refuerza las críticas por discrecionalidad en el manejo de recursos.
La polémica se agrava en un contexto donde sectores clave como la educación atraviesan conflictos salariales profundos. Mientras docentes reclaman recomposición salarial y condiciones dignas, el organismo encargado de controlar el gasto público crea nuevas “funciones específicas” para justificar aumentos internos. Intentamos comunicarnos con
Desde distintos sectores advierten que no se trata de un reconocimiento técnico ni de una mejora estructural, sino de un mecanismo diseñado para incrementar ingresos dentro de una estructura cerrada, sin control externo efectivo.
El caso expone una lógica que se repite en distintos niveles del Estado: cuando no hay controles reales, el poder se administra en beneficio propio. Crear “funciones específicas” para justificar aumentos que superan salarios esenciales, como el de los docentes, no solo resulta injustificable, sino que erosiona la credibilidad institucional. En una provincia donde se discuten recursos básicos para educación y salud, este tipo de decisiones no son técnicas: son políticas, y reflejan prioridades difíciles de defender ante la sociedad.
